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Expresamos nuestro total apoyo a la jornada de movilización y huelga general del próximo viernes 8, Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

Nos unimos a estas reivindicaciones y su convocatoria como "libres, vivas, feministas, combativas y rebeldes" en defensa de nuestros derechos.

Porque el trabajo doméstico y los cuidados de menores, ancianos, enfermos…no es reconocido como trabajo.

Porque 3 de cada 4 trabajos a tiempo parcial los ocupan mujeres. Son mayoritariamente las mujeres las que reducen su jornada o se acogen a excedencias para el cuidado de hijos (9 de cada 10).

Porque la crisis ha venido como anillo al dedo para recortar salarios, pensiones y derechos, laborales y políticos. La crisis se ha cebado mucho más en las mujeres, que ya de por si vienen arrastrando una desigualdad estructural en nuestro país, siendo la violencia de género la más paradigmática.

Porque la igualdad como principio está recogida en el art. 14 de la Constitución Española como un derecho fundamental “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación por razón de sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”

TERMINA EL AÑO, PERO LA LUCHA EN DEFENSA DE  LOS DERECHOS Y LAS PENSIONES, CONTINÚA… 

Hoy, con este acto,  finalizamos un año de movilizaciones en Reus, al igual que en ciudades y pueblos de Catalunya y de todo el estado español. En estos meses hicimos actos, manifestaciones y charlas en varios puntos de la comarca y de la provincia.

No estamos solos, somos parte de un gran movimiento que integramos jubilados y pensionados de las Coordinadoras de Catalunya y la estatal. Hoy sábado, estamos nuevamente en decenas de ciudades defendiendo nuestros derechos. Movilizándonos, porque es el único idioma que entienden los políticos. 

Hemos conseguido algunos avances, pero queda mucho camino por recorrer. Los poderes económicos, en complicidad con muchos políticos, siguen presionando a favor de distintos planes privados, favoreciendo a la banca con deducciones fiscales que perjudican al Sistema Público. Son planes que están financiando quienes menos tienen, para que los disfruten los ricos, los que tienen sueldos o ganancias que les permiten acceder a esos planes privados.

Quienes gobernaban, en cinco años vaciaron la hucha de las pensiones, 68.000 millones de euros. Y ni ellos, ni los parlamentarios del Pacto de Toledo hicieron nada para garantizar el Sistema Público de Pensiones.

Ha pasado otra semana, y siguen en el aire los anuncios sobre el futuro de las pensiones.  No se ha concretado la medida de que el IPC sea la base para actualizar las jubilaciones. Y por su parte, el Partido Popular y Ciudadanos, han manifestado que no apoyarán las modificaciones presupuestarias presentadas por el gobierno.

A su vez, el gobierno insiste que si se ve obligado a gobernar con los presupuestos del PP, el Salario Mínimo Profesional de 900 euros para todos los trabajadores y otras medidas, se aprobarán por decreto-ley. O sea, que en realidad por el momento solo tenemos promesas. Mientras tanto, grupos empresariales y sectores políticos siguen alentando planes privados de pensiones. Y organizaciones como el Fondo Monetario Internacional, insisten en sugerir aumentos del IVA, y complementar las jubilaciones del Sistema Público a través de planes de la banca y el sector financiero.

Ante esta situación la Coordinadora Estatal y la de Catalunya, a las que está adherida nuestra Marea Pensionista, ha convocado una jornada de lucha para el próximo 15 de diciembre.  Tiene tres objetivos: el rechazo de los planes de pensiones privados, los que solo podrían acceder aquellos que tengan altos ingresos y que ya tienen unas fuertes desgravaciones fiscales que pagamos entre todos.

Aquí estamos, otra semana más, esperando y reclamando que las promesas sobre la  consolidación del Sistema Público de Pensiones sean una realidad.  La Marea, como parte de las Coordinadoras Estatal y de Catalunya,  sigue su lucha porque todavía  ninguno de los anuncios se han aprobado o se han convertido en ley.

La Comisión del Pacto de Toledo, luego de aprobar que sea el IPC la base mínima de los incrementos anuales, debatió esta semana una propuesta del Partido Nacionalista Vasco para desarrollar planes de empleo gestionados por entidades sin ánimo de lucro, con representación de sindicatos y patronal, que competirían con las financieras.

 Esta parece ser una nueva variante para crear lo que llaman un sistema complementario del actual.  No se entiende que pretendan crear otro sistema paralelo al estatal, y además, sin la presencia del estado. Todo parece ser una maniobra  para “colar” otra forma de planes privados.

   Sobre estas cuestiones, el  Movimiento de Pensionistas de Vizcaya que pertenece a la Coordinadora Estatal, se pronunció categóricamente reclamando  de los partidos políticos “un posicionamiento claro y firme sobre las denominadas Entidades de Previsión Social Voluntaria,

El martes pasado, el Tribunal Supremo, rectificó la sentencia que habían dictado la semana anterior los jueces del área tributaria, y decidió que el pago de los costes de registro de las hipotecas debían pagarlo los clientes. Este fallo considerado vergonzoso no solo por los afectados, sino por las organizaciones de consumidores y también por las de jueces, solo pudo ser aliviado en parte, por un decreto ley del gobierno que determinó que desde ahora, esa responsabilidad le corresponde a la banca privada, que es la interesada y beneficiaria de dicho trámite. Pero quedó en el aire, la retroactividad de cuatro años que fijaba la sentencia inicial.

   Esta decisión beneficia a los bancos en una cifra estimada en 640 millones anuales. Será precisamente, lo que perderán cientos de miles de ciudadanos. Al día siguiente, los bancos subían puntos en la Bolsa. Queda claro  quienes ganaron con ese fallo judicial.  El decreto-ley no recupera ese efecto retroactivo que fijaba el fallo inicial.  

   Lo sucedido con las hipotecas, es una muestra más de que la justicia parece más dispuesta a defender los intereses de la banca privada que a defender  los derechos de los ciudadanos. El sábado, la protesta volvió a la calle, frente al Tribunal Supremo en Madrid y en otras ciudades del estado. Es la única manera de ser escuchados.

Mientras los políticos siguen con sus batallas particulares y vemos cada día que lo único que les preocupa es “lo suyo”,  los jubilados y pensionados seguimos esperando que se aprueben las medidas que anunciaron.

 Dijimos en su día, y dijimos bien, que hasta que no se aprueben ni las actualizaciones de las pensiones a partir del IPC, el salario mínimo de 900 euros y otras medidas que anunciaron para mejorar las condiciones de vida de la gente, en especial la de los trabajadores y la de los mayores, nosotros no dábamos por ganada ninguna batalla.

Aunque no nos sorprende, hoy vemos como quienes gobernaban tenían contactos con mandos policiales corruptos, que hacían “trabajos” por encargo para favorecer a un partido.  Esos trabajos incluían entorpecer la tarea de la justicia para esclarecer los casos de corrupción. Y además, esos “trabajos” si así se pueden llamar, se pagaban con dinero público.

Estos son los que también decían que no había dinero para aumentar las pensiones. Estos son los que aplicaron las reformas laborales que significan un retroceso en derechos y condiciones de los trabajadores de este país.

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