Los poderes financieros en la sombra, la CEOE y el club Ibex 35, sus medios de comunicación, su director del Banco de España y los partidos que financian (PP y Cs) no cejan en proclamar la insostenibilidad del sistema público de pensiones. Para legitimar su discurso se han financiado comisiones de expertos formadas por conspicuos representantes de las puertas giratorias existentes entre las aseguradoras, los fondos de inversión y la política. Sus conclusiones coinciden, ¡qué casualidad!, con las que mantienen firmas y asociaciones empresariales del mundo de los fondos de pensiones y las aseguradoras como INVERCO y UNESPA.

El objetivo perseguido es evidente: la deconstrucción por demolición del sistema público de pensiones para poner en mano de los mercados privados el 45% del monto del gasto social total español. Ello dejaría el sistema de pensiones público reducido a la marginalidad con un estricto carácter asistencial (para evitar la explosividad social). Y, a su vez, se abriría una triple brecha entre pensionistas. Por un lado, quienes tienen derechos a percibir y quienes ni siquiera cumplen las condiciones mínimas que se exigen y, por otro, entre quienes tienen ingresos suficientes e incluso altos y quienes reciben migajas; inequidades que se sumarían a la estructural brecha de género originada por la diferencia en las carreras profesionales y percepciones salariales de mujeres y hombres.

Con ello se pretende convertir necesidades y derechos de la población en mercancía y ganancia privada.

Para conseguirlo no han dudado en atacar con todo. Han falseado los datos al ocultar por qué se ha saqueado el Fondo de Reserva. Han “tapado” por qué han disminuido las aportaciones a la Seguridad Social a causa de la drástica disminución de la masa salarial tras el aumento del paro, la bajada de sueldos (selectiva pues policía y guardia civil verán aumentar los suyos) y la precarización del trabajo, fruto todo ello de las Reformas Laborales y las políticas de austeridad impuestas desde la Unión Europea. Los gobernantes del PP han eludido explicar la dedicación del dinero público para rescatar locas y lucrativas operaciones en infraestructuras o gestiones bancarias delictivas. Y, lo que es más grave e irresponsable: han intentado meter miedo a la sociedad –“el colapso es inminente”– y estimulado el individualismo para afrontar el futuro –“ahorre usted y suscriba una pensión”– frente a la búsqueda de soluciones reales y colectivas del conjunto de la comunidad protegiendo a sus miembros.

Desde el poder se oculta que el denominado “factor de sostenibilidad” se calcula mediante fórmulas como las del Factor de Revalorización Anual (FRA) que contiene el aumento de las pensiones por debajo del IPC y el Factor de Equidad Generacional (FEI) que supone una merma de la pensión media al asociarla a la esperanza de vida tras la jubilación. Esas fórmulas no tienen la misma naturaleza que las que intentan explicar de forma científica el comportamiento del mundo físico mediante una expresión matemática. Las fórmulas que calculan las futuras pensiones son pócimas cuyos ingredientes los decide el brujo (neo) liberal de turno; lejos de ser científicas están preñadas de subjetividad y corresponden a un punto de vista, un a priori, interesado. El “factor de sostenibilidad” es un arma de la clase dominante contra las clases trabajadoras. Ni más ni menos. Forma parte del conflicto social. Forma parte de la disputa de las ideas en torno al ingreso y la riqueza.

Si la Ley 23/2013 significó una merma programada del monto de las pensiones al crecer menos que la inflación, la entrada en vigor en 2019 del “factor de sostenibilidad” supondrá que en España va a implantarse un “algoritmo” que penaliza el envejecimiento de forma más dura que en la mayor parte de la Unión Europea y que supone un ajuste automático sin mediar decisión política en el futuro y una aberración técnica pues basa sus cálculos en un dato proyectado en un horizonte temporal del que no disponemos conocimiento.

Y, lo más grave, crea una inseguridad total sobre la cantidad a percibir pues podrá revisarse periódicamente… a la baja. De cumplirse los planes gubernamentales y patronales cuando culmine la implantación de la reforma del sistema público de pensiones el recorte de la pensión media de las pensiones alcanzará el 20%, lo que supondrá un 3% del PIB menos de gasto en atención a la jubilación y otras causas de percepción. Todo ello redundará en una redistribución muy negativa de las rentas con grave perjuicio para los mayores y otros colectivos frágiles que verán que sus derechos vuelan en forma de empobrecimiento agudo.

El discurso que ha mantenido el (neo) liberalismo ha sido un factor performativo de la realidad, pero no por su coherencia y consistencia, sino porque en paralelo se han puesto las bases materiales para que la tesis se verificara. Y, a la vez, han construido un “sentido común” de la derrota, del “no hay alternativa”. Baste un ejemplo: se habla hasta la saciedad del aumento del gasto por incremento del número de pensionistas y de la mayor esperanza de vida, pero se hurta el debate sobre los ingresos que permitan la sostenibilidad del sistema. La única salida que los (neo) liberales dejan es prolongar la vida laboral, bajar el monto de las pensiones, simultanear la jubilación con minijobs y suscribir fondos privados.

Conjurar los riesgos que pesan sobre el sistema público significa superar los estrechos límites del Pacto de Toledo y atreverse a analizar todos los factores que influyen en la sostenibilidad del sistema tanto del lado de los gastos (número de pensionistas y cuantía de las pensiones) como de los ingresos (número de cotizantes, cuantía de la cotización y aportaciones públicas). La oligarquía sólo quiere hablar del gasto, queriendo hacer que olvidemos que este es el sustraendo, pero que el resultado lo determina el minuendo de la operación aritmética. Ello significa abrir el debate fundamental, el de las fuentes de financiación, el de los ingresos, porque es la clave de la viabilidad y sostenibilidad de las pensiones públicas.

Fuente: http://ctxt.es/es/20180328/

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