Domiciano Sandoval, chófer de la Generalitat durante 30 años, es un pionero en la lucha de los jubilados por unas pensiones dignas. Fue el primero en llevar a los tribunales en el año 2013 la 'subida' del 0,25%. El recorrido en los juzgados de lo social de miles de demandas que siguieron a la de Sandoval quedó abortado por una polémica sentencia del Tribunal Constitucional, que consideró la revalorización de las pensiones con el IPC como una "mera expectativa" en vez de un derecho consolidado.

Tras agotar las instancias españolas, Sandoval ha llevado el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que a principios de este mes admitió a trámite su demanda."Los derechos cuesta mucho conquistarlos y en la medida que no se ejercen o no se luchan, se pierden. Yo no quiero que se pierda ningún derecho, ni a una pensión digna ni a la sanidad o a la educación. Se me hace insoportable la pérdida de derechos con este Gobierno", explica Sandoval.

Este jubilado tiene energía para mantener viva la lucha por unas pensiones dignas, ya sea en la calle con las manifestaciones de la Marea Pensionista o en el tribunal de Estrasbrugo.

Asegura que si lo llaman los jueces europeos dirá "lo mismo" que en los pleitos que ha mantenido en España: que su demanda no obedece a circunstancias personales sino para garantizar el derecho de los pensionistas presentes y futuros.

"A mi lo que me interesa es el derecho. Con más dinero o menos dinero se puede pasar, pero el derecho a una pensión digna no quiero que se pierda. Si se pierde el derecho que yo tengo, lo perderán mi hijo, mis nietas y todo el mundo. Por eso lo hago", asevera en conversación con este diario. 

Sandoval es hoy una de las caras visibles de la Marea Pensionista en Barcelona, integrada en la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones. Pero lleva en los movimientos sociales toda su vida, activismo que compaginó con su trabajo de chófer de la Generalitat. "Menos a Pujol he llevado a todo el mundo, a Ferrusola también, y a consellers y a secretarios generales. A veces me tenía que morder la lengua de las tonterías que oía en el coche...", recuerda.

Del TEDH, Sandoval, representado por el despacho de abogados del Col·lectiu Ronda, espera obtener una respuesta que señale como contraria a la normativa europea la desvinculación de las pensiones del IPC que aprobó el Gobierno. Es optimista, habida cuenta de que sólo el 5% demandas como la suya, que llegan a Estrasburgo denunciando vulneraciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos, son admitidas a trámite.

La batalla legal de Sandoval empezó en 2013. Como cada día, salió del barrio del Clot a las 7 de la mañana a andar 10 kilómetros hasta el mar. Vio en el periódico que el Col·lectiu Ronda veía "la posibilidad" de reclamar judicialmente por la congelación de las pensiones. Y se plantó en el despacho, donde conoció a Miguel Arenas y a Pau Estévez, los abogados que han llevado la demanda ante el TEDH.

"La demanda la interpone Domiciano a título individual, pero detrás suyo está todo el colectivo de pensionistas", asevera Arenas, que recuerda que en España, antes del fallo del TC, una jueza de lo social de Barcelona ya reconoció la "pauperización del sistema de pensiones" que comportaban las reformas del PP, como por ejemplo la subida mínima del 0,25% cuando el sistema fuese deficitario, como ahora, y que ha sacado a los jubilados a las plazas.

A nivel legal, explican los abogados, el TEDH se tendrá que pronunciar sobre la adecuación a la normativa europea del cambio en el mecanismo de revalorización de las pensiones aprobado por real decreto que desligó el incremento de las prestaciones públicas de la evolución del IPC. Lo hizo, añaden, de forma "retroactiva y restrictiva". Según exponen en la demanda, este cambio vulnera el artículo del protocolo adicional al Convenio para la protección de los Derechos Humanos firmado por España.

Arenas y Estévez, que no se atreven a pronosticar el plazo en el que el TEDH, sostienen que el armazón legal a su favor se basa en normativas internacionales como el convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Código Europeo de Seguridad Social o la Carta Social Europea, que establecen la obligación por parte de los estados a garantizar y preservar el poder adquisitivo de los pensionistas ante el incremento del coste de la vida, lo que en España se traduce en la vinculación al IPC.

Los letrados, además, creen que un eventual fallo favorable del TEDH debe ir más allá de la vuelta a vincular las pensiones con el IPC, teniendo en cuenta el incierto futuro del sistema público en España. "El año que viene, con el famoso factor de sostenibilidad, la revalorización de las pensiones de 2012 puede quedarse en una anécdota. Corremos un grave peligro de que todas las nuevas pensiones de jubilación nuevas se reduzcan y no sabemos todavía en qué porcentaje", asevera Arenas.

Más allá de los juzgados, Sandoval mantiene una actividad frenética dando charlas, organizando actos y manifestaciones y atendiendo a los medios de comunicación para trasladar los objetivos de la Marea Pensionista, entre los que destacan el reconocimiento de las pensiones como un derecho constitucional con inclusión de las mismas en los Presupuestos Generales del Estado, el restablecimiento de la jubilación ordinaria a los 65 años, o la revalorización automática de las pensiones en relación al IPC real.

Sandoval se muestra crítico con el papel de los sindicatos mayoritarios y los partidos de izquierdas en el debate sobre las pensiones. "Han hecho muy poco para movilizar a la gente por las pensiones públicas y ahora se han subido a la ola", dice sobre las últimas manifestaciones en la que los pensionistas se han echado a la calle. Y aprovecha la ocasión para recordar a cualquier organización que en las manifestaciones de los pensionistas "no queremos banderas de partidos y sindicatos".

Pese a las críticas, a los políticos, en especial a los de izquierdas –"los de la derecha ya sabemos lo que son y a quién defienden"– Sandoval pide "valentía para que no todo lo gobierne el neoliberalismo". Y pone como ejemplo de ello los planes de pensiones privados que consiguen desgravaciones fiscales. "Los trabajadores mileuristas de hoy no pueden contratar planes de pensiones privados. En cambio, los que más cobran podrán cobrar lo máximo del sistema público y hacerse uno privado".

El problema de las pensiones, a juicio de Sandoval, viene de lejos: "El Pacto de Toledo fue un torpedo en la línea de flotación del sistema público de pensiones, y para firmarlo CCOO tuvo que apartar a Marcelino Camacho de la secretaría general". ¿Cómo lo solucionaría? Sandoval se muestra partidario de que las pensiones se paguen a través de las cotizaciones y de los impuestos. Eso sí, una vez acometida una reforma fiscal progresiva que grave más al capital en detrimento de las rentas de los trabajadores. "¿Dónde dice que las pensiones se tengan que pagar sólo con las cotizaciones sociales?", se pregunta este jubilado. "Las pensiones son un derecho y se tienen que pagar. Y punto pelota".

Fuente: https://www.eldiario.es/

Video

.

Esdeveniments