¿Qué importancia crees que han tenido los factores financieros en la crisis, en general, y cómo han afectado a tu sector, en particular?

El ataque a los sistemas públicos de pensiones, que se ha producido a escala global desde los años 90, tuvo como objetivo tanto reducir los costes salariales indirectos (al bajar los costes de cotización de las empresas) como favorecer al sistema financiero promoviendo los fondos privados de pensiones. Instituciones como el FMI, la OCDE y detrás la Comisión Europea, han sostenido este discurso, manipulando los datos estadísticos y, con ello, la opinión pública. Uno de los falsos argumentos ha sido el demográfico, que justificaba la insostenibilidad a causa de la prolongación de la esperanza de vida, tratando de esconder que ha sido en el pasado, entre los años 50 y los 70, cuando el aumento de la esperanza de vida ha sido más claro y que este aumento es perfectamente asumible gracias a los aumentos de productividad y a la incorporación de las mujeres al trabajo fuera del hogar, es decir, a la población activa en toda Europa.

Por el contrario, el aumento de los fondos privados de pensiones, como consecuencia de las reformas que el discurso neoliberal ha provocado en la estructura global de las pensiones, ha sido, de hecho, uno de los factores que ha desencadenado la crisis.

Efectivamente, en la hipertrofia de la masa financiera disponible hay una de las causas del crecimiento de la inversión especulativa, que está en la base de la crisis del 2008.

El estallido de la crisis, en lugar de cambiar la tendencia privatizadora de las pensiones, la ha acelerado al reducir la capacidad del sector público para contribuir a su sostenibilidad. En momentos de recesión y caída, tanto de los salarios como de la ocupación, han caído sus ingresos a causa del endeudamiento provocado por los rescates bancarios.

Además, como que la salida a la crisis se ha buscado por la vía de mejorar el margen de rentabilidad de las empresas productivas, esto ha estimulado reformas que han reducido las cotizaciones al sistema público de pensiones. Esto es así porque la precarización de las condiciones de trabajo, ha dejado a millones de nuevos trabajadores en una situación de trabajo (falsos autónomos, tarifas planas) que les impiden generar futuros derechos de pensión.

¿Qué objetivos concretos se deben plantear o consideras necesario lograr en tu sector? ¿Se han definido y cuantificado estas necesidades?

La Marea Pensionista de Catalunya y la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones, tiene perfectamente delimitadas sus reivindicaciones en su programa:

  1. Recuperación del poder adquisitivo de las pensiones restituyendo un modelo de revalorización automática en relación al IPC y recuperación de lo perdido desde 2013.
  2. Derogación de todas las reformas laborales y de pensiones que se han impuesto a partir del 2010, en particular las dirigidas contra las pensiones, tanto la de 2011 como la de 2013. Con ello la jubilación retornaría a los 65 años.
  3. Reducción de la brecha de género en las pensiones hasta su desaparición.
  4. Derecho a los suministros básicos garantizados (agua, luz, gas, transporte).
  5. Eliminación de todo tipo de copago o repago y restablecimiento de los derechos sanitarios universales.
  6. Impedir y revertir la privatización de los servicios públicos que atienden a la gente mayor. Pleno e inmediato funcionamiento de la Ley de Dependencia.
  7. Avanzar hacia un modelo de pensión y salario mínimo por encima de los

1.080 €, tal como reconoce la Carta Social Europea.

  1. Reconocer las pensiones como derecho constitucional. Financiación pública de las pensiones garantizada por ley, obligando que los presupuestos generales del Estado asignen al efecto las partidas que coyunturalmente sean necesarias. Esto, además de fortalecer las cotizaciones sociales (eliminar los topes de cotización, incorporar variables respecto a la productividad, eliminar las tarifas planas, revisar exenciones...
  2. Incorporar al Régimen General de la Seguridad Social a las personas empleadas del hogar, con todas las consecuencias, incluida la prestación por desempleo y la cobertura de lagunas.

La Seguridad Social, durante el año 2017, empleó 115.729.000 en el pago de las pensiones contributivas, equivalente al 9,9% del PIB. Desde 2013 ha recortado en seis décimas su participación en la economía. Y ya llevamos cuatro años de reducciones en un entorno en que el peso de las pensiones es mucho menor que el de nuestros países vecinos en 2014: en Italia era de un 15,8%, Grecia 14,5%, Francia 13,8%, Austria 13,2% o Portugal un 13%. 


¿Cómo crees que se pueden y se deben financiar estos objetivos?
La mejora del Sistema Público de Pensiones es posible y tendría efectos positivos no sólo en la protección de los sectores más golpeados por la crisis (los pensionistas ayudan en muchos casos a la segunda y tercera generación), sino también en la reactivación de la demanda interna y el empleo: los pensionistas no invierten sus ingresos en paraísos fiscales como lo ha hecho con impunidad el sector financiero rescatado.

Entendemos que estos derechos deben quedar garantizados por los presupuestos públicos y por un sistema de cotizaciones suficiente y proporcional al coste de la vida y el aumento de la productividad. Justo al contrario de lo que se ha venido haciendo hasta ahora, que mientras se alarmaba de la insostenibilidad del sistema se rebajaban las contribuciones de las empresas y la calidad del empleo, que siempre ha de generar derechos a una pensión futura. La quiebra de nuestro sistema no ha venido provocada por un aumento de los gastos, sino claramente por una caída de los ingresos del sistema.

Puedes añadir algún comentario o alguna referencia que consideres importante para caracterizar la problemática de tu sector.

Nos preocupa enormemente el polémico proyecto del PEPP (Pan-European Personal Pension Product). La Unión Europea se niega a tener competencias comunes en el área de las pensiones para evitar una convergencia de derechos sociales, pero desde las competencias exclusivas que tiene en el ámbito monetario gracias al euro, pretenden hacer aprobar un programa que contribuiría a destruir los sistemas públicos de pensiones y favorecer los sistemas privados, que repetidamente han mostrado que no son fiables, solventes ni rentables. No se pretende mejorar las prestaciones de los pensionistas, sino la solvencia del sector financiero privado europeo, de nuevo en graves problemas. Un sector que se pretende alimentar otra vez los recursos generados por el trabajo. Hoy, la denuncia de este programa, que muestra cuáles son las intenciones reales de la Comisión Europea y a quien sirven, deben ser compartida por toda la sociedad.

Ramón Franquesa

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