Ha transcurrido otra semana, en la que se mantiene la incógnita sobre los presupuestos y en cuanto a las posibilidades del paquete de medidas incluidas en el proyecto del gobierno. Ya hemos dicho que muchas de ellas cumplen en parte varias de nuestras reivindicaciones.  Por ejemplo, la subida del Salario Mínimo Interprofesional a los 900€ cerca de nuestro objetivo de 1080€. Además de ser un acto de justicia hacia los trabajadores en activo, también tendrá incidencia en las cotizaciones.

Otras propuestas, son la revalorización de las pensiones con el IPC para el año 2018 y 2.019; el retiro progresivo del copago farmacéutico comenzando en el año próximo; o la restitución del subsidio para mayores de 52 años con los requisitos anteriores al último Real Decreto. Ahora habrá que ver quienes apoyan y quienes se oponen a estas y otras medidas del paquete social en el Congreso. Pero aún así, aunque no se aprobaran, el gobierno podría recurrir a decretos -ley para las medidas más urgentes, como la del salario mínimo. Mientras tanto, nosotros, los pensionistas seguiremos defendiendo en la calle nuestras justas demandas.

También queremos comentarles que en los últimos días, volvieron a aparecer aquellos que intentan convencernos a los jubilados para formar un partido político. Ya hemos explicado que no.   No queremos ser ni partido político ni sindicato.  

Aquí, en las mareas, en la coordinadora estatal, estamos organizados en torno a la defensa del sistema público de pensiones, de las atenciones sanitarias, de la dependencia y de todo lo que pueda garantizar la vida digna de los mayores y no vamos a permitir injerencias ajenas que pretendan dividirnos o hacernos desfallecer.

La Marea es un movimiento transversal. Eso quiere decir que las puertas están abiertas a todos los jubilados, piensen como piensen, pero que coincidan en defender los derechos que nos son comunes. Lo mismo les decimos a los jóvenes, y a quienes están en activo pero pronto o más tarde, también se jubilarán.

No nos cansaremos de repetir que en el art. 50 de la Constitución, constan esos derechos; “mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas”, dice textualmente, la Constitución. Y añade el artículo referido a los mayores “que los poderes públicos, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio”. Esto es el derecho constitucional que tenemos y que deben cumplir quienes gobiernen. (Sean quienes sean).

Los que impulsaron las medidas económicas neoliberales con recortes presupuestarios en la educación y la sanidad pública y en otros capítulos sociales, seguirán poniendo trabas. Seguirán anunciando catástrofes por los impuestos que se puedan aplicar. Todo ese ruido porque tímidamente se intenta que no sigan exprimiendo los salarios de los trabajadores o ahogando a las pequeñas empresas. Quienes tienen que poner algo más son los que están teniendo beneficios superiores a los 140.000 euros anuales y las grandes empresas. Ya es tiempo de justicia social y de terminar con las enormes desigualdades que tanto han avanzado durante los últimos años. Pero eso no lo conseguiremos solamente los jubilados, necesitamos el apoyo de todos los sectores sociales que aspiran a salarios y trabajos dignos, y medidas que garanticen el bienestar colectivo. Para eso hay que empezar por achicar las enormes desigualdades sociales.

Ese debe ser nuestro objetivo común. 

Gobierne quien gobierne, nuestros derechos y nuestras pensiones, se defienden.

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