El martes pasado, el Tribunal Supremo, rectificó la sentencia que habían dictado la semana anterior los jueces del área tributaria, y decidió que el pago de los costes de registro de las hipotecas debían pagarlo los clientes. Este fallo considerado vergonzoso no solo por los afectados, sino por las organizaciones de consumidores y también por las de jueces, solo pudo ser aliviado en parte, por un decreto ley del gobierno que determinó que desde ahora, esa responsabilidad le corresponde a la banca privada, que es la interesada y beneficiaria de dicho trámite. Pero quedó en el aire, la retroactividad de cuatro años que fijaba la sentencia inicial.

   Esta decisión beneficia a los bancos en una cifra estimada en 640 millones anuales. Será precisamente, lo que perderán cientos de miles de ciudadanos. Al día siguiente, los bancos subían puntos en la Bolsa. Queda claro  quienes ganaron con ese fallo judicial.  El decreto-ley no recupera ese efecto retroactivo que fijaba el fallo inicial.  

   Lo sucedido con las hipotecas, es una muestra más de que la justicia parece más dispuesta a defender los intereses de la banca privada que a defender  los derechos de los ciudadanos. El sábado, la protesta volvió a la calle, frente al Tribunal Supremo en Madrid y en otras ciudades del estado. Es la única manera de ser escuchados.

   El día 14, serán los estudiantes quienes realizarán una huelga en apoyo a sus reivindicaciones. La Coordinadora Estatal de Jubilados y Pensionados, ya expresó públicamente su apoyo a esa movilización.  Nos sumamos a sus peticiones específicas, y recordamos que ellos - los jóvenes- tienen por delante un horizonte de precarización laboral, sueldos bajos y discriminación de género. Serán necesarios sueldos dignos para que también puedan tener pensiones dignas.

   Y para los últimos días del mes, anuncian una huelga los médicos de familia en Catalunya. Otro sector laboral directamente relacionado con la situación de los mayores, pero cuyo alcance se extiende a todos los ciudadanos. Reiteradamente hemos reclamado por condiciones de trabajo dignas de esos profesionales de los cuales depende nuestra salud y la de nuestros hijos y nietos.

   Faltan médicos y condiciones laborales adecuadas para poder atender a los pacientes. En Reus tenemos CAPs que están con plantillas ajustadas, insuficientes para cubrir bajas. El CAP Montroig solo cuenta dos médicos de los seis que debería tener. Eso repercute directamente en la atención a los pacientes. Hay que recuperar como mínimo, la plantilla de médicos de familia que existía antes de los recortes. Otra de sus reivindicaciones que compartimos, es el incremento del presupuesto sanitario del Departamento de Salud. Como Marea reclamamos también que se destierre totalmente la intención privatizadora en el ámbito de la sanidad, ensayadas con escandaloso resultado en Madrid, en Valencia y también en Catalunya.

   Como Marea pensionista, tenemos que confluir con todas estas luchas por recuperar derechos y fortalecer lo público. Esa es nuestra tarea y creemos que es la que corresponde asumir a la mayoría de los ciudadanos para recuperar lo que hemos perdido en estos años. Y a partir de allí, continuar avanzando.

   No delegamos en nadie la defensa de nuestros derechos porque estamos hartos de promesas incumplidas. Por eso, una vez más levantamos nuestra consigna de que

 

  GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LOS DERECHOS Y LAS PENSIONES SE DEFIENDEN

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