Para analizar la actual situación que atraviesa el sistema público de pensiones, es necesario recordar los brutales ataques, recortes y pérdida de derechos que ha sufrido el mismo con los gobiernos del PSOE y del PP:

• Año 1985 (gobierno del PSOE). Se convoca una huelga general contra la reforma de pensiones propuesta por el gobierno. Se aumenta de 2 a 8 años el periodo de cómputo de la base reguladora, que determina la cuantía de la pensión de cada trabajador.

• Año 2006 (Pactos de Toledo). Las pensiones, que dependían de los Presupuestos Generales del Estado, se pagan con las cotizaciones a la Seguridad Social. El periodo de cómputo para el cálculo de la base reguladora aumenta de nuevo, y pasa de 8 a 15 años. Se introducen los planes privados de pensiones y los planes privados de empresa. Ello supone un deterioro del servicio público de pensiones, al estar expuesto el mismo a las crisis del sistema capitalista, como ha quedado de manifiesto en la actual crisis. La voracidad del sistema financiero especulativo y de los bancos pone su mira en el desarrollo de estos planes privados, repitiendo una falsedad manifiesta: “el sistema no es sostenible”.

• Reforma 27/2011 (gobierno socialista). Aumenta la edad de jubilación de 65 a 67 años. El periodo de cómputo pasa de 15 a 25 años (se computan los 300 últimos meses, no los 180 como anteriormente). Los años mínimos de cotización pasan de 35 a 38,5 años. El hachazo de esta reforma supone, según los expertos económicos, una proyección de pérdida económica en torno al 20% los próximos años.

• Reforma 23/2013 (gobierno del PP). Introduce el índice de revalorización 0,25 y el factor de sostenibilidad ligado a la esperanza de vida. Con una inflación (incontrolada por el gobierno) en torno al 3%, supone reducir el poder adquisitivo de los pensionistas de una forma inadmisible. Esta reforma significa, según los expertos, una proyección de pérdida del poder adquisitivo de alrededor del 15%, independientemente de la inflación.

Las reformas laborales del bipartidismo conllevan unos salarios de miseria y consiguientemente unas cotizaciones a la Seguridad Social insuficientes. Estamos en el mismo número de cotizantes que en el año 2011 y, sin embargo, se ingresan 4.500 millones menos. Estas reformas y las políticas regresivas contra los pensionistas originan un déficit de 18.000 millones que se ha intentado solucionar a través del saqueo continuo de la hucha de pensiones por parte del gobierno del PP.

De nuevo los partidos del régimen del 78 dejan caer la necesidad de nuevas reformas. Ya conocemos su significado: nuevos recortes, nuevas pérdidas de derechos, más paro, precariedad y miseria. A las actuales pensiones, escuálidas y asistenciales, donde el 55% de los pensionistas cobra menos del salario mínimo interprofesional, donde la brecha de las pensiones es del 37% (7 de cada 10 mujeres cobra menos del salario mínimo), donde el 34% de las familias tiene como único ingreso una pensión y 13 millones de personas viven en el umbral de la pobreza, las políticas neoliberales, sustentadas en el tripartito PP-PSOE-Ciudadanos, pretenden dar una nueva vuelta de tuerca más con la segunda emisión de los Pactos de Toledo.

Los pactos de los agentes sociales en las reformas anteriores, de 1996 y 2011, han supuesto un rechazo generalizado de la sociedad y el surgimiento de espacios (Mareas, Marchas de la Dignidad, Coordinadoras y Plataformas de Pensionistas) que han tomado el relevo de la movilización social. El eje de conflicto social durante la actual legislatura y en los próximos años, se va a desarrollar en el ámbito laboral y en la lucha por unas pensiones dignas.

La Coordinadora en Defensa del Sistema Público de Pensiones surge como un instrumento necesario para hacer frente a las reformas, a los recortes y a la pérdida de derechos. Su movilización durante el mes de diciembre hacia el Congreso de Diputados, en el mes de febrero hacia los parlamentos autonómicos (donde se ha aprobado una Propuesta No de Ley que garantice el poder adquisitivo de las pensiones), y ahora el 18 de mayo hacia los ayuntamientos, instando a los mismos a la aprobación de mociones en defensa de las pensiones públicas, combina la lucha en la calle y en las instituciones.

La derrota política del PP en la Asamblea de Madrid, y la previsible aprobación de la moción que se presentará el día 18 en los ayuntamientos, significará una derrota más para el PP y el inicio del camino para revertir las políticas desarrolladas contra los pensionistas.

Desde la Coordinadora Estatal consideramos que es necesario derogar las dos reformas, del 2011 y 2013, que son el yugo que dejan a las pensiones actuales en un callejón sin salida.

Nuestras demandas están recogidas en una tabla reivindicativa elaborada en todos los territorios. Se sustenta en tres bloques fundamentales:

• Bloque legal: las pensiones deben ser un derecho constitucional de carácter ejecutivo, independientemente del gobierno y recogidas en los P.G.E. Restablecer la jubilación a los 65 años. Jubilación anticipada sin penalizar al 100% con 40 o más años cotizados.

• Bloque económico: pensión mínima de 1.080 euros mensuales en 14 pagas al año. Revalorización automática de las pensiones con arreglo al IPC. Recuperación económica de lo perdido desde 2011.

• Bloque social: inmediato funcionamiento de la Ley de Dependencia, eliminación de todo tipo de copago, derechos sanitarios. Garantía de suministros básicos (agua, luz, transporte).

Consideramos que dichas reivindicaciones son asumibles en la coyuntura actual. Las pensiones son una cuestión de voluntad política, no es un problema de gastos, sino de ingresos. Desde la Coordinadora Estatal exigimos medidas políticas y administrativas que darían solución al problema, entre ellas:

• Incrementar las bases mínima y máxima de cotización. Ello supondría unos ingresos a la Seguridad Social de 7.500 millones.

• Pasar la gestión de la Seguridad Social a los P.G.E., 3.000 millones.

• Tarifas planas y bonificaciones. Debería asumirlas el Ministerio de Empleo. 1.800 millones.

• Incrementar el Salario Mínimo, 3.000 millones.

• Equiparar autónomos al Régimen General, 6.000 millones.

• Impuestos a transacciones bancarias, como en otros países de la U.E., e impuestos progresivos a rentas altas.

• Reforma fiscal: pasar del 37,5% a la media europea del 44% del PIB. Ello supondría 70.000 millones.

• La economía sumergida duplica la media europea. Una persecución de este fraude supondría 40.000 millones.

• Persecución de la evasión fiscal, corrupción y del fraude a la Seguridad Social mediante contratación a tiempo parcial y por horas, supondría unos ingresos superiores a 55.000 millones.

Durante esta crisis inacabada, los jóvenes y los pensionistas hemos pasado a ser las víctimas de la misma. Las sucesivas reformas laborales han llevado al exilio a más de 500.000 jóvenes sin posibilidad de trabajo y proyectos de vida en su país. Fue el primer tsunami. Las dos últimas reformas de las pensiones crearon las condiciones para el segundo tsunami que sufrimos los pensionistas. El pulso del sistema neoliberal está echado. Los jóvenes y pensionistas debemos actuar unidos en las próximas movilizaciones que se avecinan, 18 de mayo y 27 de mayo con las Marchas de la Dignidad. Estamos en una lucha política y económica, una lucha de supervivencia, que es la histórica lucha de clases, donde nos jugamos las condiciones de vida de varias generaciones, nos jugamos la dignidad y no podemos perderla.

fuente: http://www.mundoobrero.es/pl.php?id=7085

Video

.

Esdeveniments