Un agricultor, penalizado por pasar diez de los últimos quince años sin contribuir a la Seguridad Social, pide una reforma que repare estas "injusticias"

Su vida laboral es contundente: más de 34 años trabajados y cotizados, casi treinta de ellos en el régimen agrario. Pero el cálculo que le ha facilitado la Seguridad Social sobre su jubilación le abre un panorama desolador: con esos 34 años y medio cotizados y con una edad de 67 años, la pensión que le quedará es de solo 209 euros con 18 céntimos.

«Me quedé echo polvo cuando me enteré. Y estoy sufriendo. Pero no puedo hacer otra cosa que llevarlo con la mayor dignidad posible», cuenta el hombre afectado, que ruega no dar su nombre ni su municipio valenciano de origen. Alega que no es agradable que sepan que has de apañarte el resto de tu vida con poco más de 200 euros al mes. Que a la penuria se le podría añadir la vergüenza. Y que eso prefiere evitarlo.

Él empezó a trabajar a los once años. El alta en la Seguridad Social la inició con 17 años. Eran tiempos con un periodo de escolarización mínima para las clases humildes. A él le tocó trabajar para ayudar en casa. La documentación de su historia laboral atestigua su contribución a las arcas públicas.

La transparència brilla per la seva absència en la gestió de la Conselleria de Salut de Toni Comín. Aquest dimarts s'ha sabut que està elaborant un avantprojecte de llei sense haver consultat a cap dels sectors afectats.

La plataforma Marea Blanca ha acusat aquest divendres a la Conselleria d'Comín de regular "a traïció" la gestió de l'assistència sanitària amb càrrecs a fons públics, després que el Consell Executiu aprovés l'avantprojecte de llei el dimarts sense participació social.

CatalunyaPress ha pogut parlar amb el responsable de comunicació de Marea Blanca, Enric Feliu, i ha detallat com solen ser aquests processos i com el conseller ha fet el que ha volgut ia traïció. Normalment el Departament de Salut presenta els seus projectes al Consell del CatSalut i passa després a debat pel Consell Social.

Res d'això ha succeït, "és la primera vegada" que es presenta un avantprojecte de llei sense haver passat un debat amb tots els afectats i Feliu ha denunciat que Comín "ha estat poc transparent" en la gestió d'aquest avantprojecte.

Un 61% de los parados que superan esa edad no ha sido llamado ni para una entrevista

La mayoría tiene cargas familiares o no ha terminado de pagar su hipoteca

Cuando el teléfono no suena durante un año ni siquiera para hacer una entrevista de trabajo, la desesperación se convierte en una compañera habitual de la que cuesta desprenderse. Si a partir de los 40, encontrar otro empleo comienza a complicarse, a los 55, el camino se vuelve todavía más cuesta arriba.

Según una encuesta realizada por la Fundación Adeccoun 61% de los parados mayores de 55 años no ha sido llamado ni para una entrevista de trabajo en el último año,

Actualmente, la media del valor de nuestras pensiones se sitúa en 856€ y más de la mitad de los pensionistas cobra una pensión inferior al salario mínimo interprofesional (707€). Esta precarización creciente de los pensionistas se acentúa en el caso de las mujeres, que cobran, de media, 455€ menos que los hombres y se transforma en un problema social y global cuando observamos como un tercio de las familias, sobrevive gracias a la pensión de uno de sus miembros.

La creciente precarización de los y las pensionistas viene provocada por un proceso de desmantelamiento y privatización sistemática del sistema público de pensiones. Un proceso que nace con los Pactos de Toledo (1995), que eximieron al Estado de la responsabilidad de garantizar las pensiones en los presupuestos generales del Estado y abrieron las puertas de par en par a los planes privados de pensiones. Los Pactos de Toledo pusieron las bases para las sucesivas reformas del PP y PSOE (2013-2015), que han provocado el aumento de la edad de jubilación a los 67 años y una caída de un 7% del valor adquisitivo de las pensiones desde 2011.

Una caída que se acentuará, según datos del Banco de España, al reducir en 2060 el valor de la pensión media al 40% del salario medio, situando a los trabajadores en activo y a la juventud como principal diana de los sucesivos y futuros ataques a las pensiones públicas. Detrás de esta devaluación flagrante, encontramos los intereses de los bancos,

Sillas de ruedas, pancartas, chalecos y fotos invadirán este jueves la plaza Sant Jaume de Barcelona. Desde las 9:00 hasta las 21:00 horas, algunos ancianos (los que se puedan desplazar) y sus familiares protestarán a las puertas de la Generalitat por la situación en la que viven 494 personas mayores en cinco residencias públicas gestionadas por la Unión Temporal de Empresas (UTE), INGESAN (filial de OHL)  y ASPROSEAT. Las familias, agrupadas en una Coordinadora, denuncian la dejadez de las instalaciones así como la falta de personal para cuidar a personas que requieren de una atención constante.

“Para nosotros es un maltrato cuando a una persona no la cambias cuando la tienes que cambiar, cuando no la lavas cuando la tienes que lavar, cuando no la llevas al baño porque no hay nadie que la pueda llevar y cuando no haces los cambios posturales para que no se llaguen”, explica la portavoz de la Coordinadora de familias, María José Carcelén.

Los cinco centros son la Mossèn Vidal i Aunòs; la Bon Pastor; la de Alchemika; la Bertran i Oriola y El Molí, pero fue en la primera en la que las familias empezaron a notar los cambios. Fue en abril de 2016, cuando la UTE ganó el concurso por una oferta muy por debajo del valor de licitación establecido por la Generalitat, explican los familiares. “En algunas residencias fue de casi el 15% menos, determinante para que consiguieran las adjudicaciones y es la causa de la situación en la que nos encontramos”.

La brecha de género en las pensiones hace referencia la diferencia entre la retribución media percibida por las mujeres y los hombres en concepto de jubilación. Esta brecha, que en 2014 ascendía al 39,4% de media a partir de los 65 años, es consecuencia de la desigualdad estructural de género en el sistema social y laboral. El Parlamento Europeo pedirá este miércoles a la Comisión Europea y el Consejo mediante una resolución que trabajen para reducir esta diferencia. Tania González, eurodiputada de Podemos, es responsable de la opinión que la Comisión de Empleo ha aportado al informe.

En 2014, la diferencia en la retribución salarial media entre hombres y mujeres ascendía al 16,3%. En el caso de las pensiones, la brecha asciende al 39,4%, lo que implica que es solo la punta del iceberg. Por eso, entiende el Parlamento, para abordar el problema tiene que existir un enfoque integral ya que la brecha de género en las pensiones es el producto tanto de la discriminación en la retribución o de las mayores interrupciones de la carrera profesional, como de las dificultades en el acceso a la educación superior o al mercado laboral que sigue siendo mucho menor en el caso de las mujeres que en el de los hombres en la UE.

En definitiva, la resolución considera que la brecha en las pensiones “es un reflejo de la gran cantidad de desigualdades que experimentan las mujeres a lo largo de la vida y en su carrera profesional” y que por lo tanto, “hace falta seguir una estrategia global y generalizada para combatirla”.

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