Para analizar la actual situación que atraviesa el sistema público de pensiones, es necesario recordar los brutales ataques, recortes y pérdida de derechos que ha sufrido el mismo con los gobiernos del PSOE y del PP:

• Año 1985 (gobierno del PSOE). Se convoca una huelga general contra la reforma de pensiones propuesta por el gobierno. Se aumenta de 2 a 8 años el periodo de cómputo de la base reguladora, que determina la cuantía de la pensión de cada trabajador.

• Año 2006 (Pactos de Toledo). Las pensiones, que dependían de los Presupuestos Generales del Estado, se pagan con las cotizaciones a la Seguridad Social. El periodo de cómputo para el cálculo de la base reguladora aumenta de nuevo, y pasa de 8 a 15 años. Se introducen los planes privados de pensiones y los planes privados de empresa. Ello supone un deterioro del servicio público de pensiones, al estar expuesto el mismo a las crisis del sistema capitalista, como ha quedado de manifiesto en la actual crisis. La voracidad del sistema financiero especulativo y de los bancos pone su mira en el desarrollo de estos planes privados, repitiendo una falsedad manifiesta: “el sistema no es sostenible”.

• Reforma 27/2011 (gobierno socialista). Aumenta la edad de jubilación de 65 a 67 años. El periodo de cómputo pasa de 15 a 25 años (se computan los 300 últimos meses, no los 180 como anteriormente). Los años mínimos de cotización pasan de 35 a 38,5 años. El hachazo de esta reforma supone, según los expertos económicos, una proyección de pérdida económica en torno al 20% los próximos años.

• Reforma 23/2013 (gobierno del PP). Introduce el índice de revalorización 0,25 y el factor de sostenibilidad ligado a la esperanza de vida. Con una inflación (incontrolada por el gobierno) en torno al 3%, supone reducir el poder adquisitivo de los pensionistas de una forma inadmisible. Esta reforma significa, según los expertos, una proyección de pérdida del poder adquisitivo de alrededor del 15%, independientemente de la inflación.

Del 91,1% en 2010 al 80,0% en 2017. Más de once puntos en apenas siete años. Llámenlo como quieran, recorte, hachazo, tajo… Y no afecta a una partida cualquiera. Hablamos de las pensiones. En este caso, de las pensiones máximas. No es que hayan caído en términos absolutos. Eso habría sido un escándalo que ningún Gobierno puede permitirse. El truco es más sutil. Lleva años en marcha y en la última década se ha acentuado la tendencia.

Es la reforma silenciosa del sistema de la que ya hemos hablado en Libre Mercado anteriormente. Ese mecanismo sigiloso por el que el modelo contributivo se va convirtiendo, poco a poco, en asistencial y que provoca que haya que cotizar mucho más para recibir mucho menos. Los expertos alertan de que, si no se hace nada, el camino emprendido nos lleva a un recorte mínimo de un 30-40% de la relación salario/pensión para 2040. Y no parece que haya nadie dispuesto a hacer nada. De hecho, si acaso, los partidos lo que proponen en sus programas es dar una vuelta de tuerca extra.

Los datos

Las cifras pueden verse en el siguiente cuadro del Informe Económico Financiero del Proyecto de Presupuestos para 2017 de la Seguridad Social (página 203). En 2010, la pensión máxima era de 2.466 euros; en 2017, había subido hasta los 2.573’7 euros (en 14 pagas, algo más de 36.000 euros).

El Gobierno ha reconocido que no aplica desde 2012 el aumento en la pensión de viudedad como marca la propia legislación por "la débil situación financiera" de la Seguridad Social y que, por ello, ha aplazado cada año la entrada en vigor de esta medida, informa Europa Press.

Así figura en una respuesta parlamentaria recogida por Europa Press a los diputados de Ciudadanos  Marcial Gómez Balsera y Sergio del Campo, que habían preguntado por qué el Ejecutivo "ha venido suspendiendo y aplazando el mandato legal" recogido en la propia Ley sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social.

Los diputados de la formación recordaron que una disposición adicional de esta misma ley dispone una subida de la base reguladora para las pensiones de viudedad del 52% al 60%, siempre que cumpla determinados requisitos, cuya aplicación ha sido suspendida "reiteradamente" desde 2012.

Así, el segundo punto de esta disposición señala que la aplicación de este porcentaje "se llevará a cabo de forma progresiva y homogénea en un plazo de ocho años, a partir del 1 de enero de 2012".

"Un importante coste para el sistema"

En la mañana de hoy miércoles 31 de Mayo, activistas de La Marea Pensionista nos hemos entrevistado con el alcalde de Reus Carles Pellicer con objeto de entregarle la moción preparada por la coordinadora de la marea pensionista estatal en defensa del sistema público de pensiones y que ya presentamos el día 18 a los grupos municipales.

La entrevista se ha celebrado en un ambiente cordial y tras la lectura de la moción por parte del alcalde y un resumen de nuestros objetivos, el presidente de la corporación municipal nos ha comunicado que él mismo presentará esta declaración a la junta de portavoces de los grupos municipales que se celebrará el próximo miércoles 7 de Junio y que nos facilatrá el acceso a los centros cívicos de la ciudad para que podamos divulgar nuestras reivindicaciones.

A continuación y en un ambiente más reivindicativo, se le ha explicado al Sr. alcalde  la problemática de las residencias de la gente mayor y la necesidad urgente de abrir la residencia Miró ya que hay una lista de espera de unas 200 personas, recordándole que se trata de personas que no pueden permitirse pagar una residencia privada, personas en su mayoría sufriendo exclusión social y/o pobreza energética, considerando además que son gente muy mayor y no pueden esperar mucho más en estas condiciones. La respuesta a este asunto ha sido más “política” diciendo que “están en ello” pero que se trata de grandes inversiones y necesita tiempo.

Habiendo tenido noticias de que al menos en los ayuntamientos de Amposta y Roquetes esta moción ha sido aprobada por unanimidad, quedamos a la espera del  desarrollo la próxima reunión de la junta de portavoces en Reus.

Notas de prensa:

Un año más uno de los aspectos más destacados de la Actualización del Programa de Estabilidad remitida por el Gobierno español a Bruselas es la proyección sobre el gasto público en pensiones en el largo plazo. Sin alterar las estimaciones principales de ejercicios precedentes, la nueva versión 2017-2020 de este interesante documento incorpora algunos datos novedosos que reflejan la magnitud de los cambios normativos introducidos en 2013, dando pie a un juicio severamente crítico de esas reformas y de la orientación de la política del Gobierno en este ámbito.

Como punto de partida, no hay variación alguna en la estimación del gasto en pensiones en las próximas décadas. Así, el nivel alcanzado en 2013 (11,8% del PIB) se mantendría estable en los próximos cuarenta años, a pesar del incremento en más de seis millones de nuevos pensionistas como consecuencia del cambio demográfico que ha de suponer el fuerte crecimiento de las personas mayores de 64 años a partir de la década de los veinte. De esta forma, la cota máxima prevista para 2050 solo sería ligeramente superior a la actual (12,3%), con una pronunciada caída a partir de esa fecha (11% en 2060), lo cual es ya de por sí un dato expresivo del recorte esperado de las pensiones.

La sorpresa es que en esta ocasión el Gobierno del Partido Popular se explaya, casi con un punto de descaro, sobre la efectividad de las reformas que ha impulsado en esta materia y que apuestan –así se reconoce implícitamente– por el recorte de la cuantía media de las pensiones y por un retraso en la edad efectiva de jubilación como medidas para asegurar la viabilidad del sistema en el largo plazo.

Para empezar, se explicita por primera vez que las reformas de calado –recortes– llevadas a cabo en 2013 fueron, en realidad, dos. Suele olvidarse, primero, que ese año se aprobó un grave endurecimiento del régimen de jubilación anticipada a través de un Decreto-ley (5/2013). Más allá de que esta actuación unilateral, y de dudosa constitucionalidad, rompiese el difícil equilibrio alcanzado en la reforma –esta sí consensuada– de 2011, lo ahora relevante es que el Gobierno reconoce que, en una década, esa modificación supondrá un retraso de casi nueve meses en la edad media de jubilación efectiva en España a pesar de que ya es hoy una de las más altas de la UE (64,1 años).

La tardía incorporación al mercado de trabajo y las desigualdades salariales siguen pesando como una losa sobre las mujeres cuando les llega la hora de la jubilación. Como en términos generales cotizan menos a lo largo de su vida laboral, la pensión a la que tienen derecho es notablemente más baja que la de los hombres.

Los últimos datos ofrecidos por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, correspondientes al pasado mes de marzo, así lo demuestran. Mientras en el caso de ellos la pensión media de entrada asciende a 1.423,18 euros mensuales, las mujeres perciben sólo 1.094,55 euros; es decir, casi un 25% menos.

Esta brecha, no obstante, se ha ido reduciendo durante los últimos años, aunque de una forma muy lenta. A finales de 2013, por ejemplo, las nuevas pensionistas cobraban 1.038,49 euros al mes, frente a los 1.428,02 de los hombres, con una diferencia del 27%, siempre según los datos oficiales disponibles.

Además de la cuantía de las pensiones, otro dato revelador de la predominante presencia masculina en el mercado de trabajo es la distribución por sexo de los trabajadores jubilados cada año. En 2016, adquirieron esa condición 189.498 hombres y poco más de la mitad de mujeres; en concreto, 118.008.

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