Cuando el PSOE aprueba la «Ley de Medidas urgentes para la Racionalización de la Estructura y Acción Protectora de la Seguridad Social», ésta recibe la respuesta de clase, con la primera Huelga General de la restauración de la democracia, el 20 de junio de 1985. Una Huelga General contra el Gobierno del PSOE, convocada por CCOO y apoyada por otras organizaciones de izquierda. UGT no la apoya. ¿Qué medidas provocaron tal indignación en la clase trabajadora? ...pasar de 2 a 8 años el período de la base reguladora para calcular la pensión y pasar de 8 a 10 los años necesarios para tener derecho a la misma.

En la década de los 90 se desata una fuerte campaña publicitaria de la Banca y las compañías aseguradoras para captar clientes para los fondos privados de pensiones. Necesitaban atemorizar a la opinión pública, presentando como inviable el sistema público de pensiones.

En 1995 el Congreso de los Diputados, a propuesta de CiU, crea el Pacto de Toledo, que supone la legitimación de las políticas de ajuste en el Sistema Público de Pensiones, avaladas con el primer Pacto de Pensiones que firmaron CCOO y UGT con el gobierno Aznar y aprobado mediante la Ley 24/1997 que establece un cambio fundamental: la totalidad de las pensiones contributivas se financiarán exclusivamente con las cotizaciones sociales, sin que el estado intervenga. Ésta Ley fue aprobada por la mayoría de partidos parlamentarios.

Aquí no hubo una gran respuesta en contra, porque las dos grandes centrales sindicales fueron cómplices de la reforma que tenía como objetivo recortar un derecho fundamental de los trabajadores y las trabajadoras, favoreciendo al capital financiero y a la patronal.

La pensión pública, pese a los numerosos debates en la Comisión de los Pactos de Toledo, amenaza con ser un drama para los futuros jubilados. La ministra Fátima Báñez defendió ayer que los pensionistas han ganado poder adquisitivo entre 2014 y 2016, lo cual es cierto. Pero también lo es que esta ganancia se evaporará en abril, por el retorno de la inflación.

Desde hace tiempo el sistema público de reparto que impera en España se enfrenta a dos desafíos. Uno es de corto plazo, y hace referencia al déficit que la Seguridad Social sufre desde hace años, y que en 2016 fue del 1,7% del PIB, según las estimaciones del Ministerio de Empleo y la Seguridad Social. Esto se ha traducido en el vaciamiento del Fondo de Reserva, que en apenas cuatro años ha pasado desde los 60.000 millones hasta los 15.195 millones con los que acabó diciembre.

El segundo problema es de adecuación. Inicialmente de largo plazo, aunque el repentino regreso con fuerza de la inflación puede adelantar los plazos. Y es que la reforma de 2013 desvinculó la actualización de las pensiones del IPC, al introducir elementos como el índice de revalorización y el de sostenibilidad. Hasta ahora la situación era de riesgo para el futuro, pero incluso de ganancias de poder adquisitivo a corto plazo.

Lo último fue lo que defendió Báñez en su comparecencia de este miércoles en el Congreso. El problema es que ese efecto positivo tardará menos de tres meses en disiparse por el retorno de la inflación. La pensión pública ha aumentado más que los precios hasta octubre. Desde ese momento, la situación se ha revertido.

El próximo miércoles día 22 a las 7 de la tarde se realizará el acto de presentación de la Marea Pensionista en Reus.

El acto, organizado por la Marea Pensionista de les Comarques de Tarragona,  tendrá lugar en la sala de actos del antiguo hospital Sant Joan de Reus y los  ponentes serán Domiciano Sandoval y Prudenci Vidal, dos de los más combativos activistas de la Marea Pensionista en Catalunya.

La Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de pensiones apoya las movilizaciones de las Marchas de la Dignidad del día 25 de Febrero y del 28 de Mayo al considerar que los Servicios Públicos del país Sanidad Educación Dependencia y Pensiones están siendo saqueados como lo ha sido la hucha de pensiones y estan sufriendo un ataque frontal por parte del gobienos del PP .

La Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones valora muy positivamente las manifestaciones celebradas ayer en decenas de ciudades y pueblos del estado. Miles de personas han tomado las calles para exigir al gobierno unas pensiones dignas.

En Madrid más de 5.000 personas marcharon de Atocha a Sol. En Barcelona más de 3.000. Cientos de personas salieron a la calle en Sevilla. Málaga, Córdoba, Castellón, Murcia, Gijón, Pontevedra, Vigo, … hoy 21D se manifiestan los pensionistas en Valencia.

Exigimos al gobierno, entre otros aspectos, una garantía constitucional con mandato ejecutivo que recoja el derecho a unas pensiones dignas y la necesidad de que todos los años se contemplen las mismas en los Presupuestos Generales del Estado.

Comença l’any i com ja és costum, tot o casi tot puja de preu, o si més no fem balanç de preus apujats els darrers 365 dies. Una de les coses que puja de manera irrisòria son les pensions de la nostra gent gran, els subsidis de jubilació que en temps de crisi econòmica son puntal de moltes famílies o la contribució imprescindible per a poder atendre les cures de les persones de més edat de la nostra societat. És per això que hem demanat al veï del barri, Alex Tisminetsky, advocat laboralista i responsable de salut laboral de la CGT que ens expliqui com queden les pensions del 2017.

 La congelació de les pensions per sota de l’IPC es va iniciar al 2011, i l’executiu espanyol ha tornat a regular un augment del 0,25% pel 2017, molt inferior a la pujada de preus. Un any més, i ja van sis consecutius, les persones jubilades o amb invalidesa, veuran com poden comprar menys coses amb pensions cada cop més devaluades, en aplicació d’una llei que congela les pensions de forma permanent.

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