El Gobierno ha vuelto a constatar una enorme preocupación entre los pensionistas sobre el futuro del sistema público de pensiones. Lo ha confirmado después de un aluvión de llamadas a distintos organismos del Estado tras registrarse un repentino cierre de delegaciones de la Seguridad Social en varias provincias españolas.

Según ha podido saber El Confidencial Digital por fuentes de varias oficinas de la Tesorería General de la Seguridad Social, el motivo de la alarma se atribuye en primer lugar a la falta de personal que ha comenzado a hacerse visible en las oficinas de atención al público de este organismo.

Además, los ciudadanos están percibiendo que las delegaciones que gestionan las prestaciones públicas han iniciado un discreto proceso de cierres. Las clausuras se han acelerado, además, en el último mes y medio: más de una decena de oficinas de toda España han cesado su actividad desde comienzos de año.

Oleada de llamadas de preocupación

Así las cosas, fuentes internas de la Seguridad Social explican que los funcionarios de distintas oficinas provinciales están teniendo que afrontar estos días una oleada de llamadas y consultas presenciales reclamando respuestas sobre el futuro de su pensión. “¿Es que están privatizando el sistema y por eso cierran?”. Es una de las cuestiones más trasladadas por ciudadanos que han comprobado que su oficina habitual había echado el cierre.

También algunas consejerías de Hacienda y otros organismos oficiales han recibido preguntas de este tipo. Los interlocutores, explican, se encuadran entre los 9 millones de jubilados que hay en España y aquellos que están a menos de diez años de retirarse.

En 2015 el umbral de riesgo de pobreza en España, calculado con la renta del 2014, es el 22,1% de la población, son los últimos datos publicados por el INE, para los hogares de una persona se situó en 8.011 euros al año, en hogares compuestos por dos adultos  se sitúa en 12.017 euros y para 2 adultos y dos menores de 14 años, dicho umbral fue de 16.823euros.

En el cuadro 1 se puede ver la situación real de los pensionistas, los hogares con dos personas que están en el umbral de la pobreza son más del 60%.

Las prestaciones de pensiones por viudedad son más alarmantes, el 67,5% cobra menos de 655 euros (El umbral de la pobreza para los hogares con una persona está en 572 euros mes).

Con las cotizaciones a la baja y el Estado extrayendo dinero, el fondo de reserva de las pensiones tiene los días contados. En el año 2011 el Fondo tenía un saldo de 66.815 millones de euros, con el gobierno del PP, el fondo se fue descapitalizando, desde el 2012 al 2016 se ha sacado más de 54.000 millones de euros (Julio 2016).

Ahora con la bajada en las cotizaciones y los rendimientos financieros debido sobre todo al  de los bonos españoles que se han reducido del 1,84 al 0,89, el fondo de reserva se ha quedado reducido a 24.207 millones de euros (Julio del 2016).

La reducción de salarios y las bonificaciones del estado en las cotizaciones nos han llevado a que las cotizaciones del 2009 con 13,4 millones de trabajadores activos eran 75.750 millones de euros casi igual que en 2015 con 14,1 millones de trabajadores ha sido de 75.918 millones de euros, demostrando la caída de ingresos con más trabajadores activos,

Cuando el PSOE aprueba la «Ley de Medidas urgentes para la Racionalización de la Estructura y Acción Protectora de la Seguridad Social», ésta recibe la respuesta de clase, con la primera Huelga General de la restauración de la democracia, el 20 de junio de 1985. Una Huelga General contra el Gobierno del PSOE, convocada por CCOO y apoyada por otras organizaciones de izquierda. UGT no la apoya. ¿Qué medidas provocaron tal indignación en la clase trabajadora? ...pasar de 2 a 8 años el período de la base reguladora para calcular la pensión y pasar de 8 a 10 los años necesarios para tener derecho a la misma.

En la década de los 90 se desata una fuerte campaña publicitaria de la Banca y las compañías aseguradoras para captar clientes para los fondos privados de pensiones. Necesitaban atemorizar a la opinión pública, presentando como inviable el sistema público de pensiones.

En 1995 el Congreso de los Diputados, a propuesta de CiU, crea el Pacto de Toledo, que supone la legitimación de las políticas de ajuste en el Sistema Público de Pensiones, avaladas con el primer Pacto de Pensiones que firmaron CCOO y UGT con el gobierno Aznar y aprobado mediante la Ley 24/1997 que establece un cambio fundamental: la totalidad de las pensiones contributivas se financiarán exclusivamente con las cotizaciones sociales, sin que el estado intervenga. Ésta Ley fue aprobada por la mayoría de partidos parlamentarios.

Aquí no hubo una gran respuesta en contra, porque las dos grandes centrales sindicales fueron cómplices de la reforma que tenía como objetivo recortar un derecho fundamental de los trabajadores y las trabajadoras, favoreciendo al capital financiero y a la patronal.

La pensión pública, pese a los numerosos debates en la Comisión de los Pactos de Toledo, amenaza con ser un drama para los futuros jubilados. La ministra Fátima Báñez defendió ayer que los pensionistas han ganado poder adquisitivo entre 2014 y 2016, lo cual es cierto. Pero también lo es que esta ganancia se evaporará en abril, por el retorno de la inflación.

Desde hace tiempo el sistema público de reparto que impera en España se enfrenta a dos desafíos. Uno es de corto plazo, y hace referencia al déficit que la Seguridad Social sufre desde hace años, y que en 2016 fue del 1,7% del PIB, según las estimaciones del Ministerio de Empleo y la Seguridad Social. Esto se ha traducido en el vaciamiento del Fondo de Reserva, que en apenas cuatro años ha pasado desde los 60.000 millones hasta los 15.195 millones con los que acabó diciembre.

El segundo problema es de adecuación. Inicialmente de largo plazo, aunque el repentino regreso con fuerza de la inflación puede adelantar los plazos. Y es que la reforma de 2013 desvinculó la actualización de las pensiones del IPC, al introducir elementos como el índice de revalorización y el de sostenibilidad. Hasta ahora la situación era de riesgo para el futuro, pero incluso de ganancias de poder adquisitivo a corto plazo.

Lo último fue lo que defendió Báñez en su comparecencia de este miércoles en el Congreso. El problema es que ese efecto positivo tardará menos de tres meses en disiparse por el retorno de la inflación. La pensión pública ha aumentado más que los precios hasta octubre. Desde ese momento, la situación se ha revertido.

El próximo miércoles día 22 a las 7 de la tarde se realizará el acto de presentación de la Marea Pensionista en Reus.

El acto, organizado por la Marea Pensionista de les Comarques de Tarragona,  tendrá lugar en la sala de actos del antiguo hospital Sant Joan de Reus y los  ponentes serán Domiciano Sandoval y Prudenci Vidal, dos de los más combativos activistas de la Marea Pensionista en Catalunya.

La Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de pensiones apoya las movilizaciones de las Marchas de la Dignidad del día 25 de Febrero y del 28 de Mayo al considerar que los Servicios Públicos del país Sanidad Educación Dependencia y Pensiones están siendo saqueados como lo ha sido la hucha de pensiones y estan sufriendo un ataque frontal por parte del gobienos del PP .

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