En materia de pensiones públicas los presupuestos pretenden mediante algunas migajas desactivar las reivindicaciones del potente movimiento en defensa de las pensiones públicas impulsado por la Coordinadora Estatal.

Finalmente, los presupuestos del PP, que también lo son del PSOE, han sido aprobados. Estos presupuestos contienen cifras de inversión en gasto público social que baten récords negativos en partidas como sanidad o educación. En pensiones públicas la subida que finalmente han acordado –incrementarlas según el IPC en lugar del 0’25% establecido en la reforma de Rajoy, más pequeños incrementos en las pensiones más bajas– pretende cerrar la boca a las reivindicaciones del potente movimiento en defensa de las pensiones públicas impulsado por la Coordinadora Estatal,mientras se mantiene el contenido regresivo de las sucesivas reformas del sistema pergeñadas en el marco del llamado ‘Pacto de Toledo’: revisión anual desvinculada del IPC, pensiones miserables con dos tercios de ellas que no alcanzan los 1000 euros, jubilación a los 67 años, ampliación del período de cálculo, penalización de la jubilación anticipada, aplicación del llamado ‘factor de sostenibilidad’…

El último Observatorio del Medicamento que publica la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) calcula que la introducción del copago en los medicamentos a los pensionistas ha reportado a las arcas públicas unos 400 millones de euros. La cifra se obtiene a partir de los datos de las recetas, ya que las de los pensionistas tiene unos códigos que son los que indican qué porcentaje del medicamento deben pagar.

Hasta abril de 2012, los pensionistas —sin contar los funcionarios que están acogidos a Muface— no pagaban nada por los medicamentos que les dispensaban en las recetas. Ese mes, el Gobierno de Mariano Rajoy, siendo Ana Mato la ministra de Sanidad, decidió, entre otras medidas,cambiar esta medida. Para ello introdujo cuatro franjas de pago: seguir con el 0%, si se trata de pensiones no contributivas o mínimas; el 10% con un máximo de 8 euros al mes si se ingresan hasta 22.000 euros al año; el mismo porcentaje con un límite de 18 euros mensuales si se ingresa entre 22.001 y 100.000 euros; el 20% hasta los 60 euros al mes si se ingresan más de 100.000 euros al año.

La Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones como movimientoLa Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones como movimientosocial surgido al calor de las reivindicaciones del pueblo contra los ataques sistemáticos a este pilarbásico del estado de bienestar, el sistema público de pensiones, no puede quedar ajena a losacontecimientos políticos, sociales y económicos que están sucediendo en los últimos tiempos en elpaís y menos si afectan directa o indirectamente al problema de las pensiones.

Estimamos que la moción de censura contra el gobierno del Partido Popular, apoyada por lamayoría del parlamento, con la consiguiente investidura del candidato del Partido Socialista, es unlogro indudable, puesto que el PP, con sus políticas antipopulares y la corrupción sistemática, haarruinado económica y políticamente este país y el que se les vaya apartando de las más altasinstituciones del estado abre un horizonte de esperanza.

Ante todo ello manifestamos :

El futuro de las pensiones públicas tiene un escenario de debate político por excelencia: la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo. Los portavoces de esta comisión han debatido este lunes sobre el estado de la negociación entre los partidos, que deben cerrar unas recomendaciones para la sostenibilidad del sistema público. Ciudadanos, que no suele hacer públicos posicionamientos muy concretos en este tema, ha propuesto acelerar el incremento de la edad de jubilación y otras medidas de la reforma de las pensiones del 2011, aprobada por el Gobierno de Zapatero.

"¿Quién se jubila hoy a los 67 años?". Sergio del Campo, portavoz de Ciudadanos en el Pacto de Toledo, lanzaba la pregunta al aire para anticipar la propuesta del partido. "La edad media está por debajo de los 65 años. Se puede avanzar por ahí para contener el gasto", proseguía en el acto organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (Apie).
Del Campo ha justificado su propuesta por el consenso que marcó la reforma de las pensiones del Gobierno de Zapatero, acordada con la oposición política y los agentes sociales. "Si tenemos que seguir haciendo ajustes, una de las vías puede ser acelerar la reforma en la que hubo consenso para avanzar hacia el equilibrio del sistema".

En los manifiestos anteriores, hemos compartido datos y explicado lo que viene ocurriendo con el sistema público de pensiones.  En el último, analizamos el intento del gobierno de aplacar las protestas con unos parches puntuales que mejoran a los sectores de jubilados más postergados, como las pensiones más bajas o las de viudedad. 

Pero también explicamos,  que eso no cambia el fondo de nuestra preocupación, que es asegurar la vigencia y viabilidad del sistema público de pensiones y de los derechos de los mayores a una vida digna. Contamos que en 5 años dejaron sin fondos la hucha de las pensiones, pero en todo ese tiempo no hicieron nada ni desde el gobierno ni desde el Pacto de Toledo para garantizar el sistema público.

Pero sí hicieron dos reformas laborales en el 2011 y en el 2013, para retroceder en derechos y aumentar la precariedad de los trabajadores. 

Hemos demostrado que nos mienten y nos engañan.  Que no es que no haya dinero.  La cuestión es cómo se distribuye el presupuesto.

El PP ha acaparado todos los focos con sus golpes de timón sobre la actualización de las pensiones en base al IPC, y ha logrado que algunas de las otras medidas que plantea en esta materia queden en un conveniente segundo plano. Una de las enmiendas registradas por el Grupo Parlamentario Popular a su propio Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 plantea eliminar la cuantía mínima de las pensiones por incapacidad permanente total, como se desprende del texto al que ha tenido acceso Público.

Y, como alertan desde la oposición, esto supondría acabar con el suelo de estas prestaciones, para que en adelante el Gobierno no tenga que atenerse a un mínimo marcado por la ley; esto abre la puerta a un posible recorte de estas pensiones, que perciben un 6,4% del total de beneficiarios del sistema.

560.000 personas cobran estas prestaciones; 300.000 no superan los 625 euros de media

En concreto, a través de esta enmienda el PP pretende modificar el artículo 196 de la Ley General de la Seguridad Social. 

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