El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha admitido a trámite la demanda interpuesta contra el Estado por presunta vulneración del derecho a preservar el poder adquisitivo de los pensionistas al revalorizar sus pensiones por debajo del incremento del coste de la vida, ha informado el Colectivo Ronda.

La demanda había sido presentada en febrero por el Colectivo Ronda en representación del activista y portavoz de Marea Pensionista, Domiciano Sandoval, y con ella este movimiento pretende presionar al Gobierno para revertir la actual política de revalorización de las pensiones.

Presunta vulneración del Convenio de Derechos Humanos

En un comunicado, esta asesoría jurídica asegura que sólo el 5% de las demandas elevadas al Tribunal de Estrasburgo denunciando la vulneración del Convenio Europeo de Derechos Humanos son admitidas a trámite.

En la demanda se argumenta una presunta vulneración del Convenio de Derechos Humanos por parte del Estado español en relación al derecho a “elevar progresivamente el nivel del régimen general de la Seguridad Social” y por no garantizar la “suficiencia económica” de los pensionistas. Las pensiones en España están sujetas desde 2012 a una normativa que desvincula el incremento de las prestaciones que reciben los jubilados del IPC.

Calificamos como vergonzosas e insuficientes las “medidas estrellas” relacionadas en el “proyecto presupuestario” en relación a la subida hasta el 3% para las pensiones más bajas y las supuestas mejoras para las pensiones de viudedad, ya que eran extremos que estaban comprometidos desde 2011.

En relación al proyecto presupuestario aprobado el martes 27 de marzo por el Consejo de Ministros, la COORDINADORA ESTATAL POR LA DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES manifiesta que :

1.- Ante la dinámica movilizadora de la sociedad en defensa de un sistema público de pensiones digno y justo, que se ha visto traducida en las masivas manifestaciones y concentraciones desarrolladas en todo el estado, el gobierno, se ha tenido que ver obligado a dar una respuesta y mover ficha, aprobando este proyecto con medidas que desde nuestro punto de vista estimamos totalmente insuficientes y que no abordan la problemática actual del sistema, demostrando una vez más que el proyecto político y social del Gobierno de M. Rajoy y los socios que lo sustentan está completamente agotado.

Los poderes financieros en la sombra, la CEOE y el club Ibex 35, sus medios de comunicación, su director del Banco de España y los partidos que financian (PP y Cs) no cejan en proclamar la insostenibilidad del sistema público de pensiones. Para legitimar su discurso se han financiado comisiones de expertos formadas por conspicuos representantes de las puertas giratorias existentes entre las aseguradoras, los fondos de inversión y la política. Sus conclusiones coinciden, ¡qué casualidad!, con las que mantienen firmas y asociaciones empresariales del mundo de los fondos de pensiones y las aseguradoras como INVERCO y UNESPA.

El objetivo perseguido es evidente: la deconstrucción por demolición del sistema público de pensiones para poner en mano de los mercados privados el 45% del monto del gasto social total español. Ello dejaría el sistema de pensiones público reducido a la marginalidad con un estricto carácter asistencial (para evitar la explosividad social). Y, a su vez, se abriría una triple brecha entre pensionistas. Por un lado, quienes tienen derechos a percibir y quienes ni siquiera cumplen las condiciones mínimas que se exigen y, por otro, entre quienes tienen ingresos suficientes e incluso altos y quienes reciben migajas; inequidades que se sumarían a la estructural brecha de género originada por la diferencia en las carreras profesionales y percepciones salariales de mujeres y hombres.

Con ello se pretende convertir necesidades y derechos de la población en mercancía y ganancia privada.

Si buena parte de los pensionistas españoles viven en situación precaria, como ellos mismos se están encargando de denunciar en la calle, el caso de las mujereses todavía más sangrante. Según datos oficiales de la Seguridad Social correspondientes al presente mes de marzo, su pensión media asciende a 728,33 euros mensuales, mientras que los hombres cobran 1.151,49.

Esa brutal diferencia del 58% obedece a tres factores fundamentales: la tardía incorporación masiva de las mujeres al mercado de trabajo, el hecho de que por término medio ganen y coticen menos y el peso de que tienen en su colectivo las pensiones de viudedad, que son sustancialmente más bajas que las de jubilación (652,80 euros mensuales, frente a 1.079,16).

Según los datos facilitados por la Seguridad Social, a 1 de marzo había en España 4.934.856 mujeres que percibían algún tipo de pensión, lo que representa un 51,5% del total de pensionistas. La mayoría de ellas (2.228.554) cobraban la jubilación; otra parte importante (2.175.936) eran viudas, y el resto tenían pensiones por incapacidad permanente, orfandad o a favor de familiares.

Por tramos de edad, las mayores percepciones correspondían a las mujeres de entre 60 y 64 años (981,44 euros mensuales) y de entre 65 y 69 (934,319), que a principios de este mes sumaban 1.103.964. Ahora bien, en los mismos tramos, las pensiones percibidas por los hombres eran mucho más altas; en concreto, 1.335,00 y 1.362,68 euros mensuales, respectivamente.

Han convertido a Bilbao en la capital de la protesta. Da igual que llueva o truene, cada lunes y en cada cita que convocan a través de su red de asociaciones, miles de jubilados se movilizan para reclamar al Gobierno y a la oposición unas pensiones justas. Son un ejército, en Bilbao y en el resto de España, y han dejado de lado las diferencias ideológicas, para luchar por lo que les une: los derechos laborales y sociales que lograron con mucho esfuerzo en el pasado. Pero en Bilbao la lucha no decae.

De hecho, este lunes 26 de marzo, han vuelto a concentrarse allí y en Vitoria un nutrido grupo de pensionistas, pese a que el clima no acompaña. La imagen de decenas de miles de pensionistas de Bizkaia desafiando algunos días los avisos naranja de nieve, granizo y viento que ha dado la vuelta al mundo no es un hecho esporádico.

¿Por qué? “Nos movilizamos por la dignidad, por la supervivencia y por el futuro, y lo hacemos sin banderas”, explica el portavoz de Nagusiak, la Asociación Vizcaína por unas pensiones Dignas, José Ramón Landaluce. No importa ser ni derechas ni de izquierdas, ni nacionalistas ni constitucionalistas ni independentistas, y han dejado a un lado eso de considerarse español o vasco, o más de uno que de otro. Son pensionistas y comparten la "enorme desgracia" de ver cómo les cuesta llegar a fin de mes, y la preocupación de que con decisiones como la de implantar el factor de sostenibilidad el próximo enero, o la desvinculación del IPC como un mecanismo de actualización, cada día que pasa pierden poder adquisitivo.

Los enfermos españoles también están siendo los grandes paganos de los recortes. Parece que el sistema de la Seguridad Social ni es tan seguro ni es tan social. En España, cada vez es más difícil para los trabajadores acceder a una incapacidad permanente por enfermedad o dolencia que impide trabajar.

Carlos Sardinero, abogado del Defensor el Paciente y especialista en Derecho sanitario, asegura que en los últimos tres años ha aumentado el número de denegaciones de incapacidad en todos sus tipos (parcial, total, absoluta y gran invalidez) y el número de litigios.

Las enfermedades traumatológicas, muchas asociadas a las neurológicas; las patologías de tipo digestivo, como la de Crohn; las de origen psiquiátrico; las metabólicas, así como las alergias, en su grado más alto, como la sensibilidad química múltiple, e incluso la esclerosis múltiple son las más afectadas.

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