La Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema de Pensiones hace un llamamiento a los ciudadanos el próximo 16 de abril "aprovechando la muy probable presentación en la Comisión Europea el próximo mes de julio del producto Paneuropeo de Pensiones Individuales, en forma de Reglamento, lo cual implica el obligado cumplimiento para los Estados miembros, entre ellos España. Este Producto implicaría un aumento de la desgravación fiscal y una promoción por parte de los Estados de los planes de pensiones individuales, lo que choca frontalmente con el mantenimiento del Sistema Público de Pensiones", afirma la Coordinadora en un comunicado.

Según la organización, "la Unión Europea apuesta claramente por un empobrecimiento del Sistema Público de Pensiones en favor de los planes privados, que favorecerán a la población de mayor poder adquisitivo".

Por ello va a presentar en los ayuntamiento una moción para que estos rechacen esta medida europea que coincide y refuerza la posición contraria a las pensiones públicas del Gobierno del Partido Popular.

Este viernes día 6 en Tarragona, a las 19:00 horas en el seminario, se ha presentado el documental de denuncia “Pactos de Silencio” dirigido por Toni Navarro, con una asistencia de casi un centenar de personas.

Este documental destapa un poco de verdad a tanta opacidad y oscuridad. Demuestra con pruebas porque la Generalitat de Cataluña lidera el ranking de gobiernos autonómicos con más casos de corrupción, con un 17% de todos los consejeros de los 295 que han pasado desde las primeras elecciones democráticas están imputados, en un sistema de raíces clientelar, todo aquello que tocó la Generalitat ha sido contaminado y privatizado con el PP que gobierna en el estado como cómplice, al igual que el PSC en este caso en Tarragona.

Este documental concretamente analiza la desatención de los más débiles y la privatización y posterior desatención de los servicios públicos, ancianos empastillados y abandonados, sin material para su higiene mínima, trabajadores sin cobrar sus nóminas de manera que algunos de ellos acabaron desauciados, mientras que el dinero quedaba en manos de unos pocos. Desgraciadamente y después de varios años de proceso judicial estos "señores" continuan el libertad y aún quedan centros donde ésto continua sucediendo.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha admitido a trámite la demanda interpuesta contra el Estado por presunta vulneración del derecho a preservar el poder adquisitivo de los pensionistas al revalorizar sus pensiones por debajo del incremento del coste de la vida, ha informado el Colectivo Ronda.

La demanda había sido presentada en febrero por el Colectivo Ronda en representación del activista y portavoz de Marea Pensionista, Domiciano Sandoval, y con ella este movimiento pretende presionar al Gobierno para revertir la actual política de revalorización de las pensiones.

Presunta vulneración del Convenio de Derechos Humanos

En un comunicado, esta asesoría jurídica asegura que sólo el 5% de las demandas elevadas al Tribunal de Estrasburgo denunciando la vulneración del Convenio Europeo de Derechos Humanos son admitidas a trámite.

En la demanda se argumenta una presunta vulneración del Convenio de Derechos Humanos por parte del Estado español en relación al derecho a “elevar progresivamente el nivel del régimen general de la Seguridad Social” y por no garantizar la “suficiencia económica” de los pensionistas. Las pensiones en España están sujetas desde 2012 a una normativa que desvincula el incremento de las prestaciones que reciben los jubilados del IPC.

Calificamos como vergonzosas e insuficientes las “medidas estrellas” relacionadas en el “proyecto presupuestario” en relación a la subida hasta el 3% para las pensiones más bajas y las supuestas mejoras para las pensiones de viudedad, ya que eran extremos que estaban comprometidos desde 2011.

En relación al proyecto presupuestario aprobado el martes 27 de marzo por el Consejo de Ministros, la COORDINADORA ESTATAL POR LA DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES manifiesta que :

1.- Ante la dinámica movilizadora de la sociedad en defensa de un sistema público de pensiones digno y justo, que se ha visto traducida en las masivas manifestaciones y concentraciones desarrolladas en todo el estado, el gobierno, se ha tenido que ver obligado a dar una respuesta y mover ficha, aprobando este proyecto con medidas que desde nuestro punto de vista estimamos totalmente insuficientes y que no abordan la problemática actual del sistema, demostrando una vez más que el proyecto político y social del Gobierno de M. Rajoy y los socios que lo sustentan está completamente agotado.

Los poderes financieros en la sombra, la CEOE y el club Ibex 35, sus medios de comunicación, su director del Banco de España y los partidos que financian (PP y Cs) no cejan en proclamar la insostenibilidad del sistema público de pensiones. Para legitimar su discurso se han financiado comisiones de expertos formadas por conspicuos representantes de las puertas giratorias existentes entre las aseguradoras, los fondos de inversión y la política. Sus conclusiones coinciden, ¡qué casualidad!, con las que mantienen firmas y asociaciones empresariales del mundo de los fondos de pensiones y las aseguradoras como INVERCO y UNESPA.

El objetivo perseguido es evidente: la deconstrucción por demolición del sistema público de pensiones para poner en mano de los mercados privados el 45% del monto del gasto social total español. Ello dejaría el sistema de pensiones público reducido a la marginalidad con un estricto carácter asistencial (para evitar la explosividad social). Y, a su vez, se abriría una triple brecha entre pensionistas. Por un lado, quienes tienen derechos a percibir y quienes ni siquiera cumplen las condiciones mínimas que se exigen y, por otro, entre quienes tienen ingresos suficientes e incluso altos y quienes reciben migajas; inequidades que se sumarían a la estructural brecha de género originada por la diferencia en las carreras profesionales y percepciones salariales de mujeres y hombres.

Con ello se pretende convertir necesidades y derechos de la población en mercancía y ganancia privada.

Si buena parte de los pensionistas españoles viven en situación precaria, como ellos mismos se están encargando de denunciar en la calle, el caso de las mujereses todavía más sangrante. Según datos oficiales de la Seguridad Social correspondientes al presente mes de marzo, su pensión media asciende a 728,33 euros mensuales, mientras que los hombres cobran 1.151,49.

Esa brutal diferencia del 58% obedece a tres factores fundamentales: la tardía incorporación masiva de las mujeres al mercado de trabajo, el hecho de que por término medio ganen y coticen menos y el peso de que tienen en su colectivo las pensiones de viudedad, que son sustancialmente más bajas que las de jubilación (652,80 euros mensuales, frente a 1.079,16).

Según los datos facilitados por la Seguridad Social, a 1 de marzo había en España 4.934.856 mujeres que percibían algún tipo de pensión, lo que representa un 51,5% del total de pensionistas. La mayoría de ellas (2.228.554) cobraban la jubilación; otra parte importante (2.175.936) eran viudas, y el resto tenían pensiones por incapacidad permanente, orfandad o a favor de familiares.

Por tramos de edad, las mayores percepciones correspondían a las mujeres de entre 60 y 64 años (981,44 euros mensuales) y de entre 65 y 69 (934,319), que a principios de este mes sumaban 1.103.964. Ahora bien, en los mismos tramos, las pensiones percibidas por los hombres eran mucho más altas; en concreto, 1.335,00 y 1.362,68 euros mensuales, respectivamente.

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