Según la Encuesta de Presupuestos Familiares (INE), ratificada por todos los informes especializados en sociología social (como el Informe de la Fundación FOESSA, sobre exclusión y desarrollo social en España), las prestaciones sociales que perciben los hogares españoles contribuyen a una mejor distribución de rentas en la sociedad española y desvela que en 2,2 millones de hogares, el sustentador principal de la familia es una persona con una pensión. Además indica que el 56% de los hogares perciben algún tipo de prestación, siendo la más común la de jubilación, percibida ésta por una cuarta parte de las familias.

Estos datos demuestran que las soluciones para nuestro sistema de Seguridad Social no pasan por el recorte a los pensionistas actuales o futuros, sino por dónde y cómo conseguir mayores ingresos para el sistema.

Todos los estudios o la mayoría de los publicados hasta el momento, tanto de nuestro país como de los otros miembros de la UE, sobre el déficit marcado por el Pacto de Estabilidad, proponen soluciones con los mismos mecanismos de corrección y dicen que, o bien en el 2020, 2045 ó 2180 el sistema de pensiones público español “quebrará” si no se actúa antes.

El futuro de las pensiones se ha situado este mes en el centro del debate político nacional. Los grandes partidos, PSOE y PP, han lanzado sus propuestas para dirigirse a un creciente ejército de votantes que supone la base electoral del bipartidismo, especialmente de los populares. El envejecimiento de la población y la fidelidad del voto de este colectivo ha consolidado al  pensionista como objeto de deseo de los partidos en la precampaña electoral de las municipales y autonómicas de 2019.

Los mayores de 55 años, los agricultores, los pensionistas y las amas de casa son el sustento electoral del partido en el Gobierno. No en vano Mariano Rajoy protagonizó actos en las últimas elecciones generales en hogares del jubilado, con los que jugó al mus, en explotaciones ganaderas o en medio de un campo de alcachofas. Por el mismo motivo, Pedro Sánchez se ha lanzado a celebrar asambleas abiertas para hablar de las pensiones por todas las provincias de España. Ambos dependerán del voto pensionista en dos años y por eso afinan sus propuestas para movilizarlos.

El problema de las pensiones es vital para el colectivo, como está comprobando el líder socialista en sus encuentros cara a cara. Además, el jueves centenares de pensionistas convocados por UGT y CCOO se concentraron a las puertas del Congreso con gritos de “Más pensiones, menos ladrones” y urgieron a su revalorización.

El Programa Presupuestario 2018 que el Gobierno ha trasladado a Bruselas deja a las claras las prioridades del Ejecutivo en materia de inversiones públicas, revalorizando solo el 0,25%, pero asumiendo un gasto de 2.000 millones por las autopistas de peaje, antes privatizadas y ahora en concurso de acreedores.

Con estas previsiones los pensionistas volverán a perder poder adquisitivo. Tampoco se restituyen los derechos de los trabajadores del sector público. Sin embargo, sí se destina parte del crecimiento económico (un 3,1% en 2017 y un 2,3%, en 2018) a rescatar el sector privado (como es el caso de las autopistas). Esta fórmula de mantener los ingresos y establecer un menor gasto social tiene un enorme coste social.

Siguiendo con esta línea económica, la nueva proyección sitúa a la tasa de paro para 2017 en el 17,2% de la población activa, y estima que disminuirá casi dos puntos adicionales en 2018, hasta el 15,5%. Por lo tanto, recoge un menor crecimiento del empleo respecto a la estimación, que realizó el propio Gobierno, en julio de este año.

Después de muchísimo tiempo, hemos vuelto a revitalizar la asociación ACASS, en defensa del sistema público de pensiones, con una jornada en que creo que todos los ponentes han coincidido en que han de ser públicas, dignas y suficientes. Sin obviar que  sí, se han de acometer reformas, pero no en el sentido que lo han hecho los últimos gobiernos del PSOE y del PP. 


No podemos más que agradecer la brillante y acertada intervención del Secretari del Departament de Treball, Josep Ginesta, que puso el acento en que la mejora y "sostenibilidad" de las pensiones ha de realizarse por la vía de los ingresos, no del recorte de las prestaciones. 

omo brillantes fueron las intervenciones de, ahora puedo decir mis compañeros de la UAB, Ricard Esteban y Carolina Gala. El primero fue crítico, y con razón, con la actual regulación de compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo profesional, que parece beneficiar a pensionistas, digámoslo así, más privilegiados, por provenir de profesiones liberales.

La inflació de setembre segueix creixent, fins al 2,1% a Catalunya i l’1,8% a Espanya, cosa que perjudica els pensionistes i jubilats que només han vist apujades les pensions un 0,25%.

La inflació en el conjunt de l’Estat espanyol va puja fins a l’1,8% el setembre passat, dues dècimes més del que hi havia a l’agost. Però és que a Catalunya l’IPC interanual del mes de setembre se situa en el 2,1%, tres dècimes per sobre de l’indicador estatal, tot plegat per la influència dels increments dels preus dels aliments i begudes no alcohòliques i del vestit i calçat. Pel que fa a l’índex mensual, a Catalunya, l’índex general dels preus no recull cap variació (0%) per la compensació entre els grups inflacionaris (per exemple, vestit i calçat) i els deflacionaris (per exemple, serveis lligats al sector turístic).

Davant d’aquesta situació els sindicats CCOO de Catalunya mostra la seva disconformitat per la pèrdua continuada de capacitat de compra de treballadors i especialment de pensionistes i jubilats.

Catalunya el territori més inflacionari

Más de 40.000 dependientes fallecieron el año pasado en España sin haber recibido las prestaciones a las que tenían derecho, y otros 21.000 han muerto en lo que va de 2017. De mantenerse ese ritmo, el sistema marcará un estremecedor registro de 200.000 muertos en lista de espera en seis años125.914 entre 2012 y 2015, a los que se suman los 40.647 reconocidos el año pasado (más de cien diarios) por el Ministerio de Servicios Sociales que dirige Dolors Montserrat y al que se añadirían los 36.000 de 2017 a los que apuntan las previsiones de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.

"Ante esto no sabemos ya que decir. Un 35% de quienes están en lista de espera fallecen. Se trata de personas muy vulnerables, que no tienen más de cuatro años de esperanza de vida y que se ven obligados a esperar más de dos", señala el presidente de la asociación, José Manuel Ramírez, que acusa al Gobierno de “dejar morir el sistema” de la dependencia.

De hecho, el número de dependientes severos y grandes dependientes desatendidos, los clasificados en los grados 2 y 3, que no han recibido sus prestaciones ha aumentado este año por primera vez desde 2012. Lo ha hecho en 1.481 personas, lo que eleva el volumen a 120.925, mientras las "prestaciones asociadas a beneficiarios fallecidos" ascendían a 137.826 al cierre de 2016.

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