Por si cabía alguna duda de la estrategia de este Gobierno sobre las pensiones, ha venido el ministro Guindos -que ya tiene preparado su puente a la jubilación en el BCE- a dar algunas pistas. Esquilmado el fondo de reserva de la Seguridad Social y con el sistema condenado a un déficit anual superior a los 15.000 millones de euros, la gran preocupación del Ejecutivo son los planes de pensiones privados y tiene en el horno un decreto para impulsarlos. Es decir, primero se atemoriza a la población extendiendo la idea de que las pensiones públicas están en peligro y se establece un mecanismo que impide su revalorización y jibariza su cuantía. Y luego se invita a los futuros jubilados a llamar a la puerta de los bancos para que les sea más sencillo a las entidades consumar el tocomocho. El plan perfecto.

El decreto plantea reducir en un cuarto de punto, hasta el 1,25%, la comisión máxima que las entidades cobran por la gestión de estos planes, y que la de depósito pase del 0,25% al 0,20%. Establecerá que a partir de 2025 lo aportado pueda rescatarse si el ‘secuestro’ ha durado al menos diez años, y eliminará el límite de las aportaciones, ahora fijado en 10.000 euros al año. Lo que podía entenderse como un beneficio para los partícipes lo es para la banca, que ha comprobado que la recuperación económica no implica el aumento del patrimonio que gestiona por eso de que no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. De ahí que a fecha de hoy sea casi un 20% inferior al que exhibía en 2007.

No es sólo que ahora los productos basados en renta fija estén en pérdidas, que también, sino que los estudios en períodos prolongados de tiempo confirman que es mucho más rentable invertir en bonos del Estado a 10 años, algo que puede hacer cualquiera desde el ordenador de su casa.

En el estado español existen 8.595.509 personas, a la fecha de 1/11/2013, que perciben una pensión y en la actualidad sobrepasan los 9 millones, por jubilación, incapacidad permanente, viudedad , orfandad, etc.

Con el estallido de la crisis económica, más del 34,3% de hogares viven con el ingreso de una pensión, con la que mal sobreviven millones de personas, los abuelos, los hijos y los nietos. Se trata de un problema de gran magnitud y enorme repercusión  social que afecta no sólo a los pensionistas sino a millones de personas que la crisis financiera que ha dejado la pensión como único recurso y fuerte de ingresos.

Algunos comentaristas y medios de comunicación dicen que los trabajadores/as en activo son los que están pagando las pensiones de los actuales pensionistas. Esto es una autentica falacia pues persiguen enfrentar a los pensionistas con los actuales trabajadores.

Esta claro, con tu trabajo te estás pagando tu pensión, como dicen Plataformas(Las Plataformas por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, presentaron “Tabla Reivindicativa” en 2017 en las Asambleas regionales, Juntas de Gobierno de las Comunidades Autónomas” que defienden con ahínco a los pensionistas; la de los jubilados, pensionistas, etc. se las han pagado ellos y ellas durante muchos años de trabajo y sacrificio. A los trabajadores más jóvenes se les pretende hacer creer que “lo de las pensiones” les afecta a muy largo plazo, cuando dentro de muchos años se jubilen.

Esta argumentación es falsa y falaz porque el salario de cualquier trabajador desde el primer día que se inicia a la actividad laboral se divide en varias partes:

El domingo 27 de agosto el periódico La Opinión de Tenerife anunciaba en su primera página la noticia de que “Casi 20.000 pensionistas isleños cobran dos o más prestaciones al mismo tiempo”. En páginas interiores –concretamente, la 16– el redactor Moisés Álvarez Montero desarrollaba la noticia. Y lo hacía de la manera a que nos tienen acostumbrados los medios informativos al uso cuando tratan cuestiones que afectan a las clases más desfavorecidas de la sociedad.

PORTAVOZ OFICIOSO.- En efecto, en este como en tantos otros casos, La Opinión se limitaba a ser el portavoz oficioso del Gobierno. Se basaba, eso sí, en datos estadísticos ciertos, pero sin contextualizarlos socialmente, dando la impresión de que 20.000 pensionistas canarios (exagerado redondeo periodístico, pues en realidad son 448 menos), se lo están llevando crudo al cobrar dos o más pensiones al mismo tiempo. En las líneas que siguen intentaremos llevar a cabo esa necesaria labor de contextualización, sin la cual cualquier verdad corre el riesgo de convertirse en una media mentira.

LAS PENSIONES EN CANARIAS.- Según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social correspondientes al pasado mes de julio, los 289.067 pensionistas de Canarias perciben 308.619 pensiones, con una media de 848,17 euros mensuales.Pero ya se sabe que en cuestión de prestaciones sociales los porcentajes medios son  engañosos, pues constituyen el resultado de dividir el monto total de las mismas por el número de personas que acceden a ellas y, concretamente en el caso de los pensionistas, están desde la exigua minoría que cobra la pensión contributiva máxima de 2.573,7 euros al mes (que descontando el IRPF se quedan en poco más de 2.100) y los que acceden a la pensión no contributiva mínima que, según la normativa vigente, no podrá ser inferior a la fastuosa cantidad de 92,23 euros al mes.

 

En España hay más de 8.602.601 jubilados, una población lo suficientemente amplia como para tener reivindicaciones propias que merecen ser escuchadas. Con ese objetivo saldrán desde cuatro puntos de la península la Marcha de los pensionistas, que encabezarán los sindicatos Comisiones Obreras y UGT para reclamar al Gobierno “pensiones dignas”

“Vamos a manifestarnos no solo para que no perdamos poder adquisitivo, también porque eso repercute en nuestros familiares a los que muchas veces sostenemos con nuestra pensión”, explica Jesús Cruz, de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT, recordando que en algunas ocasiones los más mayores han sido los pilares de las redes familiares durante la crisis. Los sindicatos han organizado las marchas en cuatro columnas, cuyo recorrido comenzará el 30 de septiembre y terminará el 9 de octubre en Madrid, aunque los detalles no están aún cerrados. Comenzarán el recorrido unas 5 o 10 andarines de cada organización, a los que esperan que se sumen más interesados a lo largo del camino. En Fuenlabrada confluirán los compañeros de todas las comunidades para después marchar a la Puerta del Sol y terminar allí con una concentración.

La columna norte saldrá de Gijón para recoger después a los compañeros gallegos y marchar hacia la capital por Benavente. Santander será el punto de partida de una segunda marea, mientras los sindicalistas andaluces tendrán como punto de partida Málaga para atravesar la parte sur de la península por Mérida. Castellón será la cuarta ciudad escogida como punto de salida.

Uno de cada cinco asalariados españoles cobra menos de 300 euros al mes. Exactamente un 22% del total, hasta alcanzar la cifra de 3.694.852 trabajadores en el 2014, sobre un total de 16.899.024 asalariados en el 2014, los últimos datos disponibles de la Agencia Tributaria a partir de las liquidaciones de ese ejercicio y publicados por la agencia Efe.

La crisis ha incrementado, y mucho el peso de este colectivo. Mientras que la cifra global de asalariados se ha reducido desde el 2008, y ha pasado de 19.310.627 personas entonces a 16.899.024 en el 2014, los trabajadores con un minisueldo de menos de 300 euros se han incrementado, en cifras absolutas, en más de 600.000. Y por ello se ha incrementado también su peso porcentual sobre el total: del 16% del 2008 al 22% en el 2014.

MÁS EDAD

A diferencia del 2008, los trabajadores con ingresos por debajo de los 300 euros se concentraron en el 2014 en el grupo de edad entre 26 y 35 años (955.185), seguidos del tramo que va de 35 a 45 años, mientras que al inicio de la crisis la mayoría de los asalariados más precarios se daba en el grupo más joven de 18 a 25 años, que sumaba 908.773 trabajadores.

Respecto al salario mínimo interprofesional (SMI) (655,20 euros mensuales en 14 pagas, en la actualidad), los trabajadores con ingresos por debajo de esta cifra subieron siete puntos desde el año 2008 al pasar del 27,8 % del total de asalariados al 35 % en 2014.

Las experiencias de recesión económica, como la sufrida en Europa a lo largo de la última década, así como los consecuentes recortes que afectan a los distintos servicios públicos, ponen de relevancia en qué medida el deterioro de dichos servicios tiene un efecto directo sobre los recursos de los cuales dispone la ciudadanía y las decisiones a tomar en función de ellos. En materia de dependencia, la profunda reforma de los sistemas de cuidados de larga duración (CLD) durante el período de crisis revela un escenario en el cual se han visto transformadas tanto la expansión de estas ayudas asistenciales como las características de las mismas, afectando de forma directa a las decisiones acerca de la prestación de cuidados por parte de familias o personas a cargo de los dependientes.

Las decisiones acerca de este tipo de asistencias son tomadas habitualmente basándose en una evaluación de las necesidades de los dependientes, influida por la disponibilidad y asequibilidad de los mismos. Atendiendo a estos parámetros, las asistencias pueden ser proporcionadas en función de diferentes modalidades que, en la mayoría de los casos, influyen de forma fundamental en las políticas de financiación sobre los que se sustenta dicho sistema de cuidados.

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