La inflació de setembre segueix creixent, fins al 2,1% a Catalunya i l’1,8% a Espanya, cosa que perjudica els pensionistes i jubilats que només han vist apujades les pensions un 0,25%.

La inflació en el conjunt de l’Estat espanyol va puja fins a l’1,8% el setembre passat, dues dècimes més del que hi havia a l’agost. Però és que a Catalunya l’IPC interanual del mes de setembre se situa en el 2,1%, tres dècimes per sobre de l’indicador estatal, tot plegat per la influència dels increments dels preus dels aliments i begudes no alcohòliques i del vestit i calçat. Pel que fa a l’índex mensual, a Catalunya, l’índex general dels preus no recull cap variació (0%) per la compensació entre els grups inflacionaris (per exemple, vestit i calçat) i els deflacionaris (per exemple, serveis lligats al sector turístic).

Davant d’aquesta situació els sindicats CCOO de Catalunya mostra la seva disconformitat per la pèrdua continuada de capacitat de compra de treballadors i especialment de pensionistes i jubilats.

Catalunya el territori més inflacionari

Más de 40.000 dependientes fallecieron el año pasado en España sin haber recibido las prestaciones a las que tenían derecho, y otros 21.000 han muerto en lo que va de 2017. De mantenerse ese ritmo, el sistema marcará un estremecedor registro de 200.000 muertos en lista de espera en seis años125.914 entre 2012 y 2015, a los que se suman los 40.647 reconocidos el año pasado (más de cien diarios) por el Ministerio de Servicios Sociales que dirige Dolors Montserrat y al que se añadirían los 36.000 de 2017 a los que apuntan las previsiones de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.

"Ante esto no sabemos ya que decir. Un 35% de quienes están en lista de espera fallecen. Se trata de personas muy vulnerables, que no tienen más de cuatro años de esperanza de vida y que se ven obligados a esperar más de dos", señala el presidente de la asociación, José Manuel Ramírez, que acusa al Gobierno de “dejar morir el sistema” de la dependencia.

De hecho, el número de dependientes severos y grandes dependientes desatendidos, los clasificados en los grados 2 y 3, que no han recibido sus prestaciones ha aumentado este año por primera vez desde 2012. Lo ha hecho en 1.481 personas, lo que eleva el volumen a 120.925, mientras las "prestaciones asociadas a beneficiarios fallecidos" ascendían a 137.826 al cierre de 2016.

Por si cabía alguna duda de la estrategia de este Gobierno sobre las pensiones, ha venido el ministro Guindos -que ya tiene preparado su puente a la jubilación en el BCE- a dar algunas pistas. Esquilmado el fondo de reserva de la Seguridad Social y con el sistema condenado a un déficit anual superior a los 15.000 millones de euros, la gran preocupación del Ejecutivo son los planes de pensiones privados y tiene en el horno un decreto para impulsarlos. Es decir, primero se atemoriza a la población extendiendo la idea de que las pensiones públicas están en peligro y se establece un mecanismo que impide su revalorización y jibariza su cuantía. Y luego se invita a los futuros jubilados a llamar a la puerta de los bancos para que les sea más sencillo a las entidades consumar el tocomocho. El plan perfecto.

El decreto plantea reducir en un cuarto de punto, hasta el 1,25%, la comisión máxima que las entidades cobran por la gestión de estos planes, y que la de depósito pase del 0,25% al 0,20%. Establecerá que a partir de 2025 lo aportado pueda rescatarse si el ‘secuestro’ ha durado al menos diez años, y eliminará el límite de las aportaciones, ahora fijado en 10.000 euros al año. Lo que podía entenderse como un beneficio para los partícipes lo es para la banca, que ha comprobado que la recuperación económica no implica el aumento del patrimonio que gestiona por eso de que no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. De ahí que a fecha de hoy sea casi un 20% inferior al que exhibía en 2007.

No es sólo que ahora los productos basados en renta fija estén en pérdidas, que también, sino que los estudios en períodos prolongados de tiempo confirman que es mucho más rentable invertir en bonos del Estado a 10 años, algo que puede hacer cualquiera desde el ordenador de su casa.

En el estado español existen 8.595.509 personas, a la fecha de 1/11/2013, que perciben una pensión y en la actualidad sobrepasan los 9 millones, por jubilación, incapacidad permanente, viudedad , orfandad, etc.

Con el estallido de la crisis económica, más del 34,3% de hogares viven con el ingreso de una pensión, con la que mal sobreviven millones de personas, los abuelos, los hijos y los nietos. Se trata de un problema de gran magnitud y enorme repercusión  social que afecta no sólo a los pensionistas sino a millones de personas que la crisis financiera que ha dejado la pensión como único recurso y fuerte de ingresos.

Algunos comentaristas y medios de comunicación dicen que los trabajadores/as en activo son los que están pagando las pensiones de los actuales pensionistas. Esto es una autentica falacia pues persiguen enfrentar a los pensionistas con los actuales trabajadores.

Esta claro, con tu trabajo te estás pagando tu pensión, como dicen Plataformas(Las Plataformas por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, presentaron “Tabla Reivindicativa” en 2017 en las Asambleas regionales, Juntas de Gobierno de las Comunidades Autónomas” que defienden con ahínco a los pensionistas; la de los jubilados, pensionistas, etc. se las han pagado ellos y ellas durante muchos años de trabajo y sacrificio. A los trabajadores más jóvenes se les pretende hacer creer que “lo de las pensiones” les afecta a muy largo plazo, cuando dentro de muchos años se jubilen.

Esta argumentación es falsa y falaz porque el salario de cualquier trabajador desde el primer día que se inicia a la actividad laboral se divide en varias partes:

El domingo 27 de agosto el periódico La Opinión de Tenerife anunciaba en su primera página la noticia de que “Casi 20.000 pensionistas isleños cobran dos o más prestaciones al mismo tiempo”. En páginas interiores –concretamente, la 16– el redactor Moisés Álvarez Montero desarrollaba la noticia. Y lo hacía de la manera a que nos tienen acostumbrados los medios informativos al uso cuando tratan cuestiones que afectan a las clases más desfavorecidas de la sociedad.

PORTAVOZ OFICIOSO.- En efecto, en este como en tantos otros casos, La Opinión se limitaba a ser el portavoz oficioso del Gobierno. Se basaba, eso sí, en datos estadísticos ciertos, pero sin contextualizarlos socialmente, dando la impresión de que 20.000 pensionistas canarios (exagerado redondeo periodístico, pues en realidad son 448 menos), se lo están llevando crudo al cobrar dos o más pensiones al mismo tiempo. En las líneas que siguen intentaremos llevar a cabo esa necesaria labor de contextualización, sin la cual cualquier verdad corre el riesgo de convertirse en una media mentira.

LAS PENSIONES EN CANARIAS.- Según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social correspondientes al pasado mes de julio, los 289.067 pensionistas de Canarias perciben 308.619 pensiones, con una media de 848,17 euros mensuales.Pero ya se sabe que en cuestión de prestaciones sociales los porcentajes medios son  engañosos, pues constituyen el resultado de dividir el monto total de las mismas por el número de personas que acceden a ellas y, concretamente en el caso de los pensionistas, están desde la exigua minoría que cobra la pensión contributiva máxima de 2.573,7 euros al mes (que descontando el IRPF se quedan en poco más de 2.100) y los que acceden a la pensión no contributiva mínima que, según la normativa vigente, no podrá ser inferior a la fastuosa cantidad de 92,23 euros al mes.

 

En España hay más de 8.602.601 jubilados, una población lo suficientemente amplia como para tener reivindicaciones propias que merecen ser escuchadas. Con ese objetivo saldrán desde cuatro puntos de la península la Marcha de los pensionistas, que encabezarán los sindicatos Comisiones Obreras y UGT para reclamar al Gobierno “pensiones dignas”

“Vamos a manifestarnos no solo para que no perdamos poder adquisitivo, también porque eso repercute en nuestros familiares a los que muchas veces sostenemos con nuestra pensión”, explica Jesús Cruz, de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT, recordando que en algunas ocasiones los más mayores han sido los pilares de las redes familiares durante la crisis. Los sindicatos han organizado las marchas en cuatro columnas, cuyo recorrido comenzará el 30 de septiembre y terminará el 9 de octubre en Madrid, aunque los detalles no están aún cerrados. Comenzarán el recorrido unas 5 o 10 andarines de cada organización, a los que esperan que se sumen más interesados a lo largo del camino. En Fuenlabrada confluirán los compañeros de todas las comunidades para después marchar a la Puerta del Sol y terminar allí con una concentración.

La columna norte saldrá de Gijón para recoger después a los compañeros gallegos y marchar hacia la capital por Benavente. Santander será el punto de partida de una segunda marea, mientras los sindicalistas andaluces tendrán como punto de partida Málaga para atravesar la parte sur de la península por Mérida. Castellón será la cuarta ciudad escogida como punto de salida.

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