Uno de cada cinco asalariados españoles cobra menos de 300 euros al mes. Exactamente un 22% del total, hasta alcanzar la cifra de 3.694.852 trabajadores en el 2014, sobre un total de 16.899.024 asalariados en el 2014, los últimos datos disponibles de la Agencia Tributaria a partir de las liquidaciones de ese ejercicio y publicados por la agencia Efe.

La crisis ha incrementado, y mucho el peso de este colectivo. Mientras que la cifra global de asalariados se ha reducido desde el 2008, y ha pasado de 19.310.627 personas entonces a 16.899.024 en el 2014, los trabajadores con un minisueldo de menos de 300 euros se han incrementado, en cifras absolutas, en más de 600.000. Y por ello se ha incrementado también su peso porcentual sobre el total: del 16% del 2008 al 22% en el 2014.

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A diferencia del 2008, los trabajadores con ingresos por debajo de los 300 euros se concentraron en el 2014 en el grupo de edad entre 26 y 35 años (955.185), seguidos del tramo que va de 35 a 45 años, mientras que al inicio de la crisis la mayoría de los asalariados más precarios se daba en el grupo más joven de 18 a 25 años, que sumaba 908.773 trabajadores.

Respecto al salario mínimo interprofesional (SMI) (655,20 euros mensuales en 14 pagas, en la actualidad), los trabajadores con ingresos por debajo de esta cifra subieron siete puntos desde el año 2008 al pasar del 27,8 % del total de asalariados al 35 % en 2014.

Las experiencias de recesión económica, como la sufrida en Europa a lo largo de la última década, así como los consecuentes recortes que afectan a los distintos servicios públicos, ponen de relevancia en qué medida el deterioro de dichos servicios tiene un efecto directo sobre los recursos de los cuales dispone la ciudadanía y las decisiones a tomar en función de ellos. En materia de dependencia, la profunda reforma de los sistemas de cuidados de larga duración (CLD) durante el período de crisis revela un escenario en el cual se han visto transformadas tanto la expansión de estas ayudas asistenciales como las características de las mismas, afectando de forma directa a las decisiones acerca de la prestación de cuidados por parte de familias o personas a cargo de los dependientes.

Las decisiones acerca de este tipo de asistencias son tomadas habitualmente basándose en una evaluación de las necesidades de los dependientes, influida por la disponibilidad y asequibilidad de los mismos. Atendiendo a estos parámetros, las asistencias pueden ser proporcionadas en función de diferentes modalidades que, en la mayoría de los casos, influyen de forma fundamental en las políticas de financiación sobre los que se sustenta dicho sistema de cuidados.

Abordar soluciones al problema grave de las pensiones en España es también analizar la gestión del Gobierno y comentar ciertas actitudes de algunos ministros, este es el caso de la Ministra de Sanidad, Dolors Monserrat, que señala “que ya está bien de esta vida regalada de la que disfrutan los pensionistas, que a partir de ahora se van a tener que rascar el bolsillo esos avariciosos acaparadores monetarios que llegan a cobrar hasta 18.000 euros al año”; anteriormente la misma Ministra decía que “hay que poner copago de medicamentos a los pensionistas que ganan entre 18.000 y 100.000 € al año”. En la actualidad el copago de medicamentos es de 8 euros para los pensionistas, cuando tenían que ser gratis para aquellos pensionistas que ya pagaron, mientras trabajaban 30, 40 o más años, no sólo los medicamentos sino también el IRPF, la cotización a la Seguridad Social, el IVA y todos los impuestos directos e indirectos. Pensar del modo que lo hace la Ministra de Sanidad es indignante y le importar un bledo las personas.

Como indica en la Cadena Ser: José María Izquierdo  el 21 enero 2017  “Un insulto, bancario, para los pensionistas”. “Luego la ministra se ha desdicho y como los peces en el río, se ha vuelto a desdecir. Habla poco Montserrat, pero confuso”. “Porque si no lo hacen, estaremos autorizados a pensar que el PP solo busca engordar el negocio de los bancos, esas entidades tan eficientes a las que ha habido que rescatar con 60.000 millones, aportados a escote por usted y todos los pensionistas”.

Els avis, a més de ser font de saviesa cangurs per excel·lència, també són un important suport econòmic per a centenars de milers de famílies. Una situació que no només no és justa per a qui s'ha passat tota una vida treballant, sinó que també provoca l'ofuscació d'una generació que li agradaria ser independent, però que no ho pot ser.

El volum de llars el suport principal de les quals prové d'una persona jubilada va en augment. Segons les dades de l'última Enquesta de Pressupostos Familiars, el 29,50% de les llars tenen la seva principal font d'ingressos en una persona jubilada, davant el 27,1%, de l'entrega anterior. I això malgrat que més de la meitat dels més grans de 65 anys (el 57%) diuen arribar amb algun grau de dificultat a final de mes.

El cert és que la garantia de la pensió pública que perceben els jubilats ha convertit aquest col·lectiu en el de més estabilitat econòmica durant la crisi econòmica i la seva posterior seqüela de precarietat laboral.

Segons les dades de l'última Enquesta de Condicions de Vida –del 2016, amb dades del 2015– el 13% de la població de més de 65 anys se situa per sota del llindar de la pobresa, un percentatge que va a l'alça si es compara amb les dades de l'11,4% del 2014 i del 12,3% del 2015.

El Consejo de Ministros de este viernes no abordará la prórroga del programa PREPARA, tal y como le venían reclamando los sindicatos. Dicho programa se aprobó para dar cobertura (con una subvención de 400 euros durante seis meses) a los desempleados que no reciben ninguna prestación y su vigencia se agotó el pasado día 16 de agosto.

CCOO ha denunciado este jueves la decisión del Gobierno en un momento en que España sigue teniendo una tasa de paro por encima de la media de los países de la eurozona, con un 19,7% frente a un 10,2%, es decir una diferencia de más de 9 puntos.

Para CCOO, mientras la diferencia entre las tasas de paro de España y de la zona euro sea superior a 2 puntos, el Plan PREPARA debería ser prorrogado, aunque la tasa de paro este trimestre se haya situado en el 17,22%, por debajo del límite del 18% que el Gobierno fijó para que la subvención se mantuviera. En este sentido, el sindicato se pregunta “¿por qué el 18% y no el 14% o el 12%?”.

CCOO recuerda que el artículo 41 de la Constitución mandata a los poderes públicos a unas prestaciones sociales suficientes, especialmente en caso de desempleo. “En la actualidad, tanto la cuantía de las prestaciones como con el número de personas protegidas, son claramente insuficientes: desde 2010 solamente se ha incrementado el IPREM en un punto y tampoco se puede considerar suficiente que una de cada cuatro personas paradas esté protegida”, denuncia.

He aquí que desde las sombras de la nada se nos ha aparecido la ministra de Sanidad, buenos días, señora Montserrat, mucho gusto en saber que existe, para decirnos que ya está bien de esta vida regalada de la que disfrutan los pensionistas, que a partir de ahora se van a tener que rascar el bolsillo –aún más, porque ya lo hacen- esos avariciosos acaparadores monetarios que llegan a cobrar hasta 18.000 euros al año. Una vergüenza. Un abuso.

Luego la ministra se ha desdicho y como los peces en el río, se ha vuelto a desdecir. Habla poco Montserrat, pero confuso.

Mejor olvídense del cotorreo, y pongámonos todos a trabajar en lo importante: obligar a este Gobierno, que ya implantó el copago a los jubilados y ha vaciado la hucha de las pensiones, a que de una vez por todas se plantee coger por los cuernos este asunto y busque la ayuda de quiénes saben para que de forma urgente se encuentren soluciones justas y decentes para acabar con la incertidumbre de quienes más desprotegidos se encuentran.

Porque si no lo hacen, estaremos autorizados a pensar que el PP solo busca engordar el negocio de los bancos, esas entidades tan eficientes a las que ha habido que rescatar con 60.000 millones, aportados a escote por usted, este Ojo y todos los pensionistas.

¿Demagogia? A mucha honra.

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